Una sentencia del TSJC obliga al Ejecutivo canario a pagar más de 90 millones de euros
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, aseguró hoy en declaraciones a Europa Press que confía en los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma para lograr que el Tribunal Supremo dé la vuelta a la sentencia que ha obligado al Ejecutivo canario a pagar más de 90 millones de euros por el denominado 'caso Tindaya', y, finalmente, falle a favor del Gobierno autonómico.
Según Berriel, los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma "ya habían recurrido la sentencia inicial", por lo que "habrá que esperar a la resolución del Tribunal Supremo para ver quién tiene o no la razón definitivamente". Asimismo, el consejero explicó que el Gobierno de Canarias tiene la posibilidad de interponer un recurso de súplica contra el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y, por tanto, "la oportunidad de poder exponer el razonamiento contrario a esa ejecución". En este sentido, el plazo para formular dicho recurso es de cinco días a contar desde el siguiente al de la notificación de esta resolución
Por otra parte, a juicio del consejero, "pagar 90 ó 100 millones de euros es muy difícil para cualquiera, incluso para una multinacional", por lo que aseguró que se enfrentan ante "un problema presupuestario muy gordo". Asimismo, el responsable regional del Área de Medio Ambiente explicó que el Gobierno "tendrá que acatar la resolución judicial del TSJC en los términos en que se produzca, y arbitrando las medidas oportunas", e indicó que "efectivamente" hay un quebranto "importante" a los propios servicios públicos, por lo que "habrá que actuar en todo este asunto con mucho cuidado"
