El BNG pide endurecer incompatibilidades de altos cargos que se pasan a la empresa privada, expresidentes incluidos

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) defenderá este martes en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a endurecer el régimen de incompatibilidades de los altos cargos que, al cesar en sus puestos públicos, se pasan a la empresa privada, incluido el que rige para los expresidentes del Gobierno.

En concreto, los nacionalistas gallegos plantean una aplicación más rigurosa de la incompatibilidad de desempeñar actividades privadas remuneradas, de manera que se amplíen los periodos de limitación vigentes desde que se produce el cese.

Por ejemplo, los exministros tienen que dejar pasar un mínimo de dos años antes de incorporarse a una entidad privada perteneciente a un sector sobre el que ellos hayan tenido competencias desde su responsabilidad pública. El BNG es partidario de que aumente ese periodo de carencia ahora fijado en dos años, pero no especifica un límite temporal concreto.

Pero también quiere que se amplíen las incompatibilidades o conflictos de intereses a aquellos supuestos en los que los exaltos cargos realizan asesorías o consultorías especiales a los órganos de dirección y administración, o participan como miembros o asesores especiales en dichos órganos de empresas privadas cuya actividad está relacionada con el ámbito de competencias ejercido desde el ámbito público. Y todo ello, con independencia de la participación accionarial ostentada en las empresas.

DEBATE TRAS EL FICHAJE DE SALGADO

El caso más reciente de salto casi inmediato de la Administración a la empresa privada lo ha protagonizado la exvicepresidenta económica Elena Salgado, quien dejó el Gobierno el pasado mes de diciembre y va a ser fichada por consejera de Chilectra, filial chilena de Endesa.

Con respecto a los expresidentes del Gobierno, el BNG reclama que se modifique su estatus reglamentario de manera que se les exija la renuncia a todas las prerrogativas de las que disfrutan en la actualidad, salvo las vinculadas a garantizar su seguridad, en caso de que ejerzan actividades remuneradas por cuenta de empresas privadas.

De aplicarse esta modificación tanto José María Aznar, fichado por Endesa, como Felipe González, que se incorporó el año pasado a gas natural, se verían despojados de la pensión vitalicia que reciben desde que salieron de Moncloa.

"El régimen regulador sobre los conflictos de intereses o incompatibilidades está íntimamente relacionado con el ejercicio transparente de las funciones públicas y la promoción de la ética en la actividad política al servicio de los ciudadanos", argumentan los nacionalistas gallegos.

Por ello, apuestan por ampliar su regulación, no sólo bajo la aspiración de minimizar las situaciones reales o potenciales que encierran un conflicto entre la "actividad pública y el interés privado", sino con "la firme intención de elevar las exigencias éticas en el ejercicio de la actividad política, antes, durante y después de cuando se ostentan responsabilidades públicas, y también con ello de reforzar la calidad democrática de nuestro sistema político".