Bravo (CGPJ) recuerda que la propuesta de mapa judicial fue aprobada por el Pleno y defiende sus ventajas

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha recordado este jueves que el informe en el que este órgano propone una reorganización de los partidos judiciales no es un documento que hayan conocido únicamente "cuatro vocales" porque se "acordó tener por preparado" por el Pleno de esta institución, y ha defendido la legitimidad del Consejo para abordar este tipo de propuestas.

Bravo ha aclarado este punto al ser preguntada, durante un desayuno informativo, por lo señalado ayer en el Congreso de los Diputados por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el sentido de que la propuesta de reducción de partidos judiciales no fue aprobada por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces sino por cuatro vocales, tres de ellos nombrados a propuesta del PSOE.

La vocal ha insistido en que el documento aprobado por el Consejo en un Pleno extraordinario - que prevé reorganizar el actual mapa judicial para pasar de 431 partidos judiciales a un máximo de 190-200 - es un "documento abierto" y que no será remitido al Ministerio, que es el competente para legislar, hasta que concluya el plazo de tres meses dado a los consejos de Gobierno de los diferentes tribunales superiores de justicia para realizar sus aportaciones.

"No pretendemos suplantar a nadie ni arrebatar competencias, sino aportar -ha señalado-. Eramos conscientes de que iba a ser un trabajo controvertido e iba a suscitar polémica, pero se ha elaborado desde la convicción de que hay que mejorar el modelo".

EL MAYOR INCREMENTO DE LITIGIOSIDAD

Bravo ha explicado en profundidad la propuesta del Consejo porque a su juicio no se puede "seguir invirtiendo en una organización obsoleta y arcaica" y es necesario adoptar medidas ante el importante incremento de la litigiosidad generado por la crisis económica, que ha sido "el mayor de la historia de este país".

Ha vuelto a insistir en que no se trata de eliminar partidos ni reducir órganos judiciales, sino optar por una "concentración, un nuevo diseño para el mejor aprovechamiento de los recursos".

Para ello, se ha tenido en cuenta que el traslado a lo que sería la cabecera de partido no lleve más de una hora y se ha optado por una agrupación mínima de 8 juzgados "para garantizar la especialización".

Por otra parte, y a la espera de lo que concluya la Comisión de Informes que se celebrará el próximo día 24, Bravo se ha mostrado reticente al proyecto del Gobierno para implantar tasas judiciales a partir de la segunda instancia.

"Establecer unas tasas cuando los ciudadanos están contribuyendo con sus impuestos al sostenimiento de la Justicia es poco compatible con el Estado de Derecho", ha afirmado, para añadir que "si la segunda instancia exige el desembolso de cantidades económicas, muchas ciudadanos se verán imposibilitados a recurrir a un tribunal superior" y eso le "preocupa".