Caamaño celebra la acogida en la UE de la propuesta española para que víctimas reciban protección en todos los países

La UE articulará durante la Presidencia española las sucesiones de los ciudadanos que fallecen cuando residen en un país del que no son originarios

Europa Press Nacional
Actualizado: viernes, 22 enero 2010 16:06

TOLEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, agradeció hoy la acogida que ha tenido en la Unión Europea la propuesta formulada por España para poner en marcha un marco común de actuación que permita que las víctimas del violencia de género reciban protección en cualquier país miembro, independientemente del lugar donde se dicten las medidas para garantizar su seguridad.

Según explicó Caamaño en Toledo tras reunirse con los ministros de Justicia de la Unión Europea, la propuesta de España consiste en articular un instrumento "de reconocimiento mutuo". El objetivo es que las medidas de protección dictadas por un juez puedan ser aplicadas en cualquier país de la Unión Europea "con algunas modificaciones", adaptándolas a la legislación del estado.

"Hay distintas medidas de protección en cada estado, lo importante es que se apliquen las que existen en cada territorio reconociendo el equivalente, con independencia de la naturaleza civil o penal a la que pertenezca la autoridad judicial", explicó el ministro.

En la reunión también participó el vicepresidente de la Comisión Europea, Jaques Barrot, quien reconoció que mejorar la protección de las víctimas es una prioridad de la Presidencia española y señaló que es posible introducir "alguna mejora".

AGENDA HASTA 2011

Además de este asunto, el encuentro de ministros abordó los temas relacionados con la justicia que protagonizarán la agenda de la Unión Europea durante los próximos meses y concluyó que en este primer semestre de 2010 será posible finalizar un documento sobre las sucesiones.

Según explicó Barrot, esta medida es necesaria ante el aumento de personas que residen en un país de la Unión Europea distinto del que son originarios y fallecen en él. La nueva articulación permitirá a la persona elegir la legislación relativa a sucesiones del país que quiere que se aplique en caso de fallecimiento. "Si una persona antes de morir no ha decidido, es evidente que se aplicará la norma de su último domicilio", aclaró el vicepresidente de la Comisión.

La reunión también abordó la redacción de futuras normas de separación y divorcio, así como del régimen de visitas a los hijos y el régimen económico del matrimonio y sus consecuencias. Sin embargo, este asunto no será aprobado definitivamente hasta el segundo semestre del año, cuando la Unión Europea esté presidida por Bégica.

Y ya en 2011, los países miembros abordarán la posibilidad de eliminar el 'exequatur', utilizado para la convalidación de las resoluciones judiciales dictadas en otros países, ya que constituye un trámite "que dificulta y encarece los procesos judiciales", según apuntó Caamaño. Sin embargo, para ello habrá que establecer un sistema de garantías de los derechos de todos los ciudadanos.

Los ministros de la Unión Europea abordaron también las consecuencias de la aplicación del Tratado de Lisboa en la Justicia, respecto al que Barrot reconoció que hay "una nueva dinámica" por la que los sistemas de los diferentes países deben "coexistir para beneficio de los ciudadanos".

LA COMISIÓN NEGOCIARÁ CON TERCEROS PAÍSES

Además, anunció que la Comisión asumirá la responsabilidad de negociar con los países terceros para evitar "responsabilidades o competencias compartidas", aunque manifestó su compromiso a consultar a los expertos de los estados miembros.

El ministro de Justicia de Bélgica, Stefaan De Clerck, reconoció que el Tratado de Lisboa presenta "una nueva forma de trabajar", mientras que Hungría, que asumirá la Presidencia el primer semestre de 2011, reconoció que comienza un "periodo intensísimo" y "clave" para la Unión Europea.

Por último, respecto a las nuevas medidas de seguridad y la creación de un registro común de datos, los ministros coincidieron en la necesidad de dotar al sistema de "todas las garantías necesarias" para el respeto a la "vida privada" de las personas, según expuso Barrot.

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