SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Nov. (EP/IP) -
Nacionalistas y populares impusieron hoy su mayoría parlamentaria para impedir la petición del Partido Socialista Canario (PSC) en la comisión de Economía y Hacienda, de que la Cámara remitiera al Ministerio Fiscal los informes de la Audiencia de Cuentas del ayuntamiento gomero de Valle Gran Rey de 2002 y del municipio tinerfeño Los Silos de 2000 a 2004. En cambio, todos los grupos estuvieron de acuerdo en aprobar los informes de fiscalización de ambas entidades.
El portavoz en materia económica del PSC, Blas Trujillo, defendió en ambos casos la postura de su partido al señalar que la "naturaleza" de las "irregularidades detectadas" en la gestión de esas corporaciones en los períodos abarcados por los informes "justifica por sí misma" la remisión de esos documentos al Ministerio Fiscal.
En cambio, el portavoz económico de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, alegó que "basta con instar a los ayuntamientos a corregir las deficiencias detectadas", restándoles importancia de esa manera. Además, "sabemos que la Fiscalía ya actúa en el caso de Valle Gran Rey y confiamos en las actuaciones de los demás órganos que no dependen del Parlamento y sabrán proceder según sus competencias".
En el caso de Valle Gran Rey, el informe de la Audiencia de Cuentas señaló el hallazgo de "un deficiente sistema de control interno, con importantes debilidades, algunas contrarias a las disposiciones legales". La Fiscalía ha solicitado una pena de cinco años de prisión y nueve de inhabilitación para el alcalde del municipio gomero, Esteban Bethencourt, tras la denuncia formulada por el PSC en 1999 cuando el alcalde ejerció el cargo sin acogerse a la dedicación exclusiva.
El informe señala que Bethencourt "con la intención de enriquecerse ilícitamente a costa del erario público municipal" cobró del ayuntamiento en concepto de dietas y gastos de desplazamientos la cantidad de 38.638,59 euros "sin que en ningún caso justificase la razón, necesidad o utilidad del desplazamiento". .
