CANARIAS.-El Tribunal Supremo obliga al Parlamento canario a convocar a concurso de mérito 11 puestos de trabajos recurridos

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Mar. (EP/IP) -

La Junta de Personal del Parlamento de Canarias anunció hoy que el Tribunal Supremo rechazó un recurso de casación intentado por la Cámara regional que, en la práctica, obliga a convocar a concurso de méritos la designación de 11 puestos de trabajos recurridos. Los demandantes darán de plazo al Parlamento hasta Semana Santa para que la institución ejecute de forma voluntaria el fallo. Transcurrido ese plazo, y si aún la sentencia sigue pendiente de aplicación, los trabajadores exigirán la ejecución forzosa de la sentencia ante los tribunales.

En 1998, la Mesa de la Cámara designó al "99,9 por ciento de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Parlamento como personal de libre designación, lo que también le permite a la Cámara removerlos cuando los responsables del órgano quieran hacerlo", denunció Jaime Moujir, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras (CC OO).

Uno de los miembros de la Junta de Personal del Parlamento, Juan Manuel Martín, explicó que el procedimiento de libre designación es "excepcional" ya que sólo puede ser empleado para el nombramiento de "cargos muy específicos y deben ser motivados". La RPT del Parlamento incluyó "puestos de jefe de servicio y de unidad, que son funcionarios públicos del grupo A, y otros como conserje, conductor o ujier de la Cámara, "ninguno de los cuales reúne la condición de excepcionalidad para ser excluido del concurso de méritos".

Tras la imposibilidad de llegar a un entendimiento con la Cámara, los trabajadores decidieron llevar a tribunales el asunto ese mismo año. En 2002, el juicio llegó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que les dio la razón pero el Parlamento recurrió la sentencia "para ganar tiempo y aburrir al personal". "La Cámara ya sabía que en las islas había precedentes de casos similares en los que la Administración autonómica había perdido los juicios por intentar la constitución de una RPT con sólo puestos de libre designación pero aún así, decidió prolongar el pleito".

Otra integrante de la Junta de Personal del Parlamento canario, María Dolores Álvaro, explicó que "ahora la Cámara intenta la constitución de otra RPT pero esta vez con la designación de absolutamente todos los puestos de libre designación". En la actualidad, están pendientes de nombramiento el puesto de jefe de Protocolo y otra plaza de nueva creación, de interventor delegado. "Esos dos puestos deben ser asignados cuanto antes mediante un concurso de méritos, y el resto cuando cesen sus actuales titulares, que lo conservarán hasta que sean cesados".

Por ese motivo, Moujir señaló que los trabajadores pedirán al Parlamento el cese de la actual plantilla de la RPT y su sustitución por quienes lo obtengan a través del concurso de méritos. "La diferencia entre la libre designación y el concurso de méritos radica en que los méritos, presentes en ambos procedimientos, sólo están reglados en el concurso, mientras que la Administración es libre de valorarlos como quiera", añadió Álvaro.

El Tribunal Supremo, además de ratificar los argumentos de los trabajadores, condenó en costas al Parlamento. "El tribunal entendió que la actuación de la Cámara fue dilatoria y arbitraria", señaló Moujir, quien criticó que "la Cámara no se planteó cumplir la sentencia del TSJC, lo que es irónico porque se trata de la institución que elabora las leyes que todos estamos obligados a cumplir".

Martín señaló que lo que "está en juego en esta asunto es la independencia e inamovilidad de los funcionarios" y señaló que la designación de la RPT mediante puestos de libre designación, en vez de abrir el concurso de méritos, obedeció a un "oscurantismo de intereses" de la Mesa del Parlamento. En 1998, ese órgano estaba encabezado por el presidente de la Cámara, José Miguel Bravo de Laguna, el primer vicepresidente era Antonio Sanjuán, el vicepresidente segundo era Augusto Brito, la secretaria primera era Marisa Zamora y la secretaria segunda era Belén Allende. "Sólo Brito se opuso a la constitución de la RPT de esa manera", indicó el sindicalista.