"El crimen medioambiental es el futuro, los crímenes contra la mujer son el presente", afirma Carlos Castresana
MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El fiscal Carlos Castresana es el único candidato español a convertirse en el nuevo fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI). Conocido en España por sus investigaciones a Jesús Gil y en la esfera internacional por el caso Pinochet, promete terminar de "poner a punto" la maquinaria de La Haya para que empiece a dar los resultados esperados, "resultados ilusionantes" con los que convencer a la comunidad internacional y lograr la necesaria colaboración de los países.
La Fiscalía del TPI, comandada primero por el argentino Luis Moreno Ocampo y después por la gambiana Fatou Bensouda, busca un nuevo jefe que se decidirá a principios de febrero en la Asamblea de Estados Partes, integrada por los 123 países que han firmado y ratificado el Estatuto de Roma --tratado fundacional del TPI--, entre ellos España. Castresana ha logrado pasar a la 'lista corta', junto al italiano Francesco Lo Voi, el británico Karim Khan y el irlandés Fergal Gaynor.
"Yo creo que tengo buenas probabilidades", ha dicho en una entrevista a Europa Press. "España ha tenido muy poca presencia en el TPI y en los mecanismos internacionales en general", ha señalado para explicar que esto puede ser "ambivalente", ya que por un lado, "es muy difícil hacer de pionero" y, por otro, "España tendría que reclamar que siendo uno de los principales contribuyentes y un partícipe leal antes o después nos tienen que dar alguna representación".
Sus credenciales son amplias. "Tengo 40 años de experiencia profesional", ha recalcado. "He trabajado la mitad de mi carrera en el ámbito de la UE, o sea, en el norte, pero la otra mitad ha sido en América Latina, África y Asia, es decir, en el sur", ha precisado. A su juicio, este bagaje personal ofrece una buena oportunidad para reducir las actuales "disensiones" entre "países del norte y del sur, países grandes y pequeños, y países del 'common law' y el 'civil law'".
De ganar, tomaría el relevo de Bensouda el 15 de junio para un horizonte de 9 años. Y tiene un plan trazado. Su intención es "poner orden en la casa", afrontando la "agenda de reformas" esbozada en un informe independiente sobre el funcionamiento del TPI, para después "salir a obtener la cooperación de los estados, que hasta ahora, desafortunadamente, no ha sido todo lo decisiva que se necesita".
SEIS MESES PARA DESPEJAR EL CAMINO
Actualmente, la Fiscalía tiene un atasco de 10 exámenes preliminares, entre los que destaca el caso de Colombia --en espera 18 años--, y 13 investigaciones, siendo Afganistán la más antigua (2003). "Con los recursos disponibles no se pueden abordar eficazmente tantas situaciones", ha reconocido y, por eso, si es elegido, dedicará su primer semestre en el cargo a revisar los casos pendientes y "tomar decisiones".
Castresana ha explicado que esto supone "priorizar" en función de las "probabilidades de éxito" de las causas y "del interés de las víctimas", es decir, "dónde es más importante, dónde es más urgente y dónde podemos ser más eficientes en proteger a las víctimas". Las demás, ha indicado, tendrán que quedar en "hibernación" hasta que haya recursos suficientes.
Venezuela, con dos exámenes preliminares por presuntos crímenes de lesa humanidad --unos achacados al presidente, Nicolás Maduro, y otros atribuidos a las sanciones internacionales--, es uno de los asuntos en el tintero. Bensouda se ha comprometido a cerrarlo o abrir una investigación antes de irse, por lo que ya llegaría encarrilado a Castresana. En cualquier caso, ha rehusado pronunciarse sobre causas abiertas.
LLEVAR AL TPI AL SIGLO XXI
Una vez despejada la mesa, se propone adoptar medidas para que la Fiscalía no se vuelva a ver desbordada. Aspira a acortar los "larguísimos" procesos, ahora basados en las pruebas testifical y documental, que generan "todo un trabajo burocrático", dando un salto cualitativo que implicaría "traer métodos de investigación del siglo XXI", con expertos financieros, militares y en tecnología.
Asimismo, considera fundamental tener investigadores de los países de origen --en estos momentos más del 60% son de Europa Occidental cuando "no hay ni una sola situación" en esta región-- y "sacar las oficinas al campo" porque "allí están las víctimas, los interlocutores y las soluciones". Su experiencia le dice que esto "funciona" porque "en todas partes hay gente decente que quiere un país mejor".
También anticipa un cambio en el rol de las víctimas. Aboga por abandonar la práctica de "convertir a cada víctima en testigo", recordando que casos con hasta 100 víctimas-testigos han quedado en absolución porque no pudieron acreditar "la menor vinculación" entre crimen y acusado, para centrarse en los "testigos 'insiders'", con información desde dentro, e "intentar llegar a acuerdos con inculpados de alto nivel que nos permitan llegar a inculpados de todavía más nivel".
UNA NUEVA RELACIÓN CON BIDEN
Uno de los principales desafíos del TPI es recabar la colaboración de los estados, tanto propios como ajenos, porque depende de las autoridades nacionales --policías, jueces y fiscales-- para que sus órdenes se cumplan. Como revulsivo, Castresana ofrece "un trabajo muy serio, pegado al Estatuto de Roma", para "no extralimitarse en sus competencias territoriales ni personales" ni incurrir en los "agravios" comparativos que han denunciado países africanos y que "no dejaban de tener razón".
Su intención es "ser muy transparentes en cuáles son los criterios y ser muy imparciales en aplicarlos igual a todo el mundo", además de "ser independientes en la decisión que se adopta de acusar a este y no acusar al otro, no someterse a presiones políticas". "Entonces, a medio plazo sí tendremos el respeto de los estados parte y no parte y la cooperación fluirá", ha aseverado.
Preguntado sobre cómo atraer a Estados Unidos, que no es miembro del TPI y durante la Administración Trump se ha alejado aún más de La Haya por su investigación sobre Afganistán, llegando a sancionar a Bensouda, Castresana ha recetado "trabajo serio" y diálogo. "Confío en que con la nueva Administración (Biden) la relación va a ser diferente. No están abiertamente opuestos al TPI, pero seguramente tampoco van a colaborar desde mañana. Es cuestión de generar confianza", ha sostenido.
UN "FARO" INTERNACIONAL
En cuanto al futuro del TPI, Castresana ha admitido que hay conductas como el crimen organizado y la "altísima corrupción" que podrían llegar a ser competencia suya pero que "ahora mismo no lo son". En su opinión, la Fiscalía ya tiene "bastante" trabajo con los crímenes tipificados --de guerra, agresión, lesa humanidad y genocidio-- y cree que en ellos se pueden subsumir las nuevas realidades: "El crimen medioambiental es sin duda el futuro, los crímenes contra la mujer son el presente".
Con todo, está convencido de poder superar la "asignatura pendiente" del TPI, que es "hacer que funcione de manera excelente", para obtener "resultados ilusionantes" --en sus más de 20 años solo ha habido 8 condenas-- con un doble objetivo, convencer a los países y lograr "capacidad disuasoria", de modo que los criminales "se lo piensen dos veces".
Así, tras lo que define como "un primer mandato de recién nacido" y un segundo de "consolidación", quiere "poner la máquina a punto y empezar a cosechar los resultados esperados". "Yo soy optimista", declara y pide a las víctimas, que sabe que "han esperado mucho", "un poquito de paciencia" para que el TPI termine de erigirse como "un referente" de la Justicia.
"El TPI tiene que ser un faro que ilumine toda la comunidad internacional con sus reglas (...) y la Fiscalía me gustaría pensar que es el farero, que se encarga de que el faro esté siempre encendido, arrojando luz en aquellas situaciones donde la oscuridad muchas veces no permite vislumbrar un futuro", ha ilustrado.
