MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) - El líder del PP, Pablo Casado, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que la Fiscalía General del Estado actúe "de inmediato" contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el del Parlamento, Roger Torrent, y otros cargos del Ejecutivo catalán por "incitar los desórdenes públicos y la desobediencia". Además, ha pedido que se envíe un requerimiento a Torra para que cumpla con sus obligaciones constitucionales, paso previo para aplicar después en su caso el artículo 155 de la Constitución. En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras una reunión de poco más de una hora con Sánchez, Casado ha subrayado que sale de este encuentro con la "preocupación de que la imprevisión ha sobrepasado" al presidente del Gobierno ante "la escalada de violencia inadmisible" que se está produciendo en Cataluña tras la publicación el pasado lunes de la sentencia del 'procés', que condena a penas de 9 a 13 años a los dirigentes independentistas. "El Gobierno puede estar en funciones, pero no sin responsabilidades porque el Estado nunca está en funciones", ha avisado, para añadir que el Gobierno tiene mecanismos para aplicar en cualquier momento las previsiones constitucionales si la situación lo requiere. Por eso, ha exigido que se aplique "ya" la Ley de Seguridad Nacional para que Torra no esté al frente de la cadena de mando de los Mossos, al tiempo que ha defendido el "uso legítimo de la fuerza" tras solidarirzarse con las fuerzas de seguridad. Casado, que ha lamentado el fallecimiento de un ciudadano francés ante lo ocurrido en El Prat, se ha solidarizado con los afectados que están sufriendo en Cataluña los "graves disturbios" y ha condenado de forma "rotunda" la violencia y "la connivencia o complicidad de las autoridades de la Generalitat al afrontar estos posibles delitos contra el orden público". Tras asegurar que no le sorprende lo que está pasando porque "el independentismo siempre ha hecho uso de la violencia para intentar imponer sus fines", ha afirmado que ahora el presidente de la Generalitat está incitando al desorden público y a la desobediencia y hoy mismo ha participado "en el sabotaje" de infraestructuras del Estado, como el corte de carreteras por las denominadas 'marchas por la libertad'. De la misma manera ha destacado que el presidente del Parlament y otros cargos de la Generalitat están "incitando al desorden público y la desobediencia", por lo que ha pedido que la Fiscalía actúe "de inmediato" contra todos ellos. Además, ha defendido que el Ministerio Público actúe ya contra los CDR y 'Tsunami democrático' por los delitos de "estragos, desordenes y atentados contra la autoridad" que detalla el Código Penal. También ha solicitado al Gobierno que ponga "todos los mecanismos a su disposición" para evitar la "mal llamada huelga general" en Cataluña que, a su juicio, se puede convertir otra vez en "una jornada de violencia y de disturbios". A su entender, las centrales sindicales deben colaborar para no apoyar este tipo de desórdenes. Durante su reunión, Casado ha pedido al presidente del Gobierno que el Consejo de Ministros envíe al presidente de la Generalitat un requerimiento para que cumpla con sus obligaciones y el cese de sus actuaciones "contrarias al interés general de España", paso previo a una aplicación del artículo 155. De esa forma, ha explicado, el Estado "puede asumir las competencias que considere urgentes, como las de Interior o las de Instituciones Penitenciarias. Tras señalar que los líderes independentistas están apelando de nuevo a la reincidencia y a la insurrección, ha defendido su paquete de medidas legislativas si gana las elecciones como reformar la ley del indulto, tipificar de nuevo el delito de referéndum ilegal o recuperar el delito de rebelión impropia con el objetivo de dar más mecanismos a los jueces que "se adapten a las conductas legales" que se están produciendo. ROMPER ACUERDOS CON LOS INDEPENDENTISTAS Además, y haciendo hincapié en que los pasos en el 'procés'' evidencian que el independentismo ha intentado usar la violencia para lograr sus fines, ha dicho que "nunca ha entendido" por qué Pedro Sánchez aceptó los votos de los partidos que justificaban estas actitudes violentas" para convertirse presidente del Gobierno a través de una moción de censura. De la misma manera, ha criticado la "irresponsabilidad" de Sánchez por "forzar" unas nuevas elecciones generales si ya estaba "previsto" que esto podía suceder. Dicho esto, ha pedido de nuevo a Sánchez y al PSOE que "rompa" los acuerdos que tienen los socialistas catalanes con ERC y JxCAT en cuarenta municipios catalanes y la Diputación de Barcelona si quiere ser "creíble" y que "los constitucionalistas vayan juntos" a la hora de afrontar el "desafío" independentista. "Creo que no es compatible seguir gobernando ayuntamientos con los independentistas y al mismo tiempo decir que van a afrontar decididamente el pulso que se está echando", ha proclamado, para añadir que Sánchez tiene que "elegir" entre los que le hicieron presidente en junio de 2018 y los constitucionalistas. DEFIENDE "LA POSICIÓN DE ESTADO" DEL PP Casado ha afirmado que el PP ha mantiene una posición de Estado "creíble y coherente", subrayando que son los únicos que han ido "graduando una respuesta eficaz" pero "socialmente demandada ante los posibles desórdenes que se puedan producir en Cataluña". "Hay que hacer cosas de inmediato, cosas como las que he planteado para que la situación no desborde al propio Gobierno de España actuando con leal oposición", ha añadido. En este sentido, el presidente de los 'populares' ha señalado que es "perfectamente compatible" su posición "responsable" de apoyo al Estado en las medidas que se adopten, pero al mismo tiempo dejar claro que se pueden iniciar otros mecanismos si la situación "se agravara". Finalmente, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los catalanes que están preocupados por la "violencia institucionaliza" que están sufriendo. "Estamos con vosotros y haremos todo lo posible y necesario para defender vuestros derechos y libertades", ha dicho, para añadir que el PP está preparado para "garantizar la seguridad y la convivencia en Cataluña" cuando los españoles les requieran para ello.
