El Gobierno no contempla reducir el personal sanitario en los centros penitenciarios
MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La población reclusa en España se acerca a los 70.000 internos y cerca de 2.500 españoles se encuentran detenidos en el extranjero, la gran mayoría acusados o cumpliendo penas de prisión por tráfico de drogas.
Éstos son algunos de los datos de la respuesta que el Gobierno ha dado a la batería de preguntas que el diputado de Amaiur Jon Iñarritu registró en el Congreso interesándose por el número de presos existentes en España y fuera de nuestras fronteras.
En su respuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo recalca que hasta el 9 de noviembre de 2012 el número de convictos en las cárceles españoles sumaban 69.390, de los cuales un 15,6 por ciento --unas 10.800 personas-- se encuentra en una situación preventiva.
LA MAYORÍA POR TRÁFICO DE DROGAS
Además, especifica que la cifra total de ciudadanos españoles que se encuentran en la actualidad detenidos en el extranjero es de 2.461, de los que 2.006, es decir, un 82,11 por ciento, están acusados o en prisión por delitos de tráfico de drogas.
Ese total está repartido en 50 países, siendo Perú y Colombia con 293 y 245 españoles detenidos, respectivamente, los que acumulan el mayor número de nacionales. Les siguen Italia, con 213; Francia, con 1999, y Brasil, con 173.
En su contestación, el Gobierno también precisa que desde 2007 hasta 2011 se han producido en las cárceles españolas un total de 625 muertes por causas naturales y 82 como consecuencia de procesos cancerosos, desconociéndose los antecedentes de lesiones cardiovasculares.
En concreto, respecto a los presos enfermos de VIH/Sida, el Gobierno pone de manifiesto que el número de fallecimientos en las cárceles disminuye anualmente, entre otros motivos, debido "a la atención médica y a los seguimientos clínicos y tratamientos" que se proporcionan a los internos con esta patología médica.
Es más, subraya que el programa de atención a los enfermos infectados por el VIH/Sida de las prisiones españolas está considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "un referente mundial de buena práctica".
Asimismo, el Ejecutivo, que no contempla reducir el personal sanitario en los diferentes centros penitenciarios, informa de que se están llevado a cabo distintas medidas para reducir el número de muertes por envenenamiento accidental tras inyección endovenosa de sustancias depresoras con programas de carácter preventivo, con tratamientos de deshabituación y de derivación a centros de tratamiento comunitarios y de incorporación social.
LA FISCALÍA INVESTIGA TODAS LAS MUERTES
En este punto, y a la pregunta del diputado de Aralar sobre si el Ministerio Fiscal investiga de oficio todas las muertes en prisión para el esclarecimiento de las circunstancias y motivos de las mismas, el Gobierno asegura que "en todos los casos".
Asimismo, el Gobierno informa de que a fecha de 15 de noviembre de 2012 eran 151 las internas que están conviviendo con sus hijos menores de edad en prisión, y recuerda en este punto que en 2005 el Consejo de Ministros aprobó la creación de cinco Unidades Externas de madres con el fin de independizarlas de los centros penitenciarias y dotarlas de un régimen de convivencia específico.
Por último, el Gobierno recalca que, además del Convenio sobre el traslado de personas condenadas de 21 de marzo de 1983, España ha firmado con 21 países acuerdos que permitan el cumplimiento de penas en el Estado de origen del reo.
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