VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El caso de 'El Padrino' rumano Florea F, quien es juzgado desde el lunes en la Audiencia de Valladolid acusado de explotar en 2004 a compatriotas rumanos que traía en furgoneta desde su país, parece desmoronarse por falta de pruebas incriminatorias contra él, sobre todo después de que en la segunda jornada tan sólo declarara una testigo y la Sala se viera obligada a dar lectura a las declaraciones de otros seis más que ni siquiera comparecieron.
El relato que en la primera jornada realizó el inspector de la Policía Nacional que dirigió las investigaciones, quien comparó al acusado con 'El Padrino' tras constatar, según él, la actividad delictiva del acusado, se vio contrarrestado hoy por el testimonio de la rumana Cranta Ramona D, quien, ayudada de intérprete, se limitó a indicar que trabajó por voluntad propia para Florea F. en labores de recogida de patatas y espárragos y que del sueldo diario este último le quitaba 4 euros por el transporte hasta el tajo.
La testigo, en declaraciones recogidas por Europa Press, aseguró que llegó a España el día 4 de diciembre de 2004 a bordo de un autobús y que recaló en Cabezón de Pisuerga (Valladolid) puesto que allí se encontraba trabajando su marido, quien compartía casa con Florea F. y otras diez o doce personas que pagaban entre 26 y 30 euros para sufragar los 260 euros que costaba el alquiler.
La declarante negó que el acusado le hubiera retirado el pasaporte y aseguró que en ningún momento fue obligada a trabajar, algo que en la actualidad no puede hacer ya que se encuentra embarazada.
LECTURA DE DECLARACIONES
Su testimonio fue el único que escuchó la Sala en la segunda jornada del juicio, toda vez que otra decena que estaba citada ni siquiera compareció por encontrarse en paradero desconocido o en su país de origen. Ante ello, el Ministerio Fiscal renunció a parte de ellos y en el caso de otros seis pidió que se diera lectura a lo que en su día declararon en el Juzgado, si bien de lo leído tampoco se desprende prueba incriminatoria contra Florea F.
En todos los casos, los ciudadanos rumanos relataron haber llegado a España entre el 11 de abril de 2003 y el 15 de octubre de 2004, bien en autobús o en la furgoneta que el acusado puso a su disposición previo pago de 200 euros para pagar el combustible. Todos ellos llegaron en busca de trabajo y lo consiguieron gracias al acusado, quien actuaba de intermediario con empresarios agrícolas de la provincia para contratar labores de recogida de piedras, patatas y espárragos.
Los trabajadores, en sus declaraciones, coinciden en que Florea F. cobraba del empresario y luego les pagaba a ellos, después de descontarles 4 euros por llevarles en su furgoneta hasta las explotaciones. También mantienen que el acusado, con quien compartían piso, les cobraba unos 26 euros mensuales para sufragar el alquiler.
La Audiencia Provincial celebrará mañana una tercera jornada en la que se espera tomar declaración a otros testigos, antes de que las partes, el Ministerio Fiscal y la defensa, expongan sus alegatos finales. La acusación pública solicita inicialmente una pena de 6 años de cárcel para el acusado como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, mientras que el defensor pide una sentencia absolutoria, que es la decisión más probable que tome la Sala salvo sorpresas de última hora.
