Exige al Estado la "lealtad" de explicar lo que aportan y reciben los funcionarios catalanes para su formación continuada
BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Gobernación y Administraciones Públicas, Jordi Ausàs, defendió hoy que Cataluña tiene justo el número de funcionarios que "necesita", 287.000 (8% de población activa), y lo contrapuso a los 400.000 de la Comunidad de Madrid, y a los porcentajes de funcionarios de otras comunidades, como Extremadura (22%), Castilla la Mancha, Castilla León y Andalucía (15%).
Durante la conferencia que pronunció en el Fórum Europa Tribuna, el conseller republicano defendió que Cataluña tiene "los trabajadores públicos que se necesitan para dar un buen servicio al conjunto de los ciudadanos", y lamentó la "cierta demagogia y mucha falta de autoestima" sobre esta cuestión.
Lo comparó con el número de funcionarios de comunidades como Madrid, Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla León y Andalucía. Opinó que el Govern no quiere "engordar la administración", e instó a "adelgazar" a "otras" administraciones --entre ellas la Administración General del Estado-- porque "las cifras cantan y las competencias también".
"Tenemos los trabajadores públicos que necesitamos; por cierto, muchos menos que otras administraciones del Estado", dijo. Además, en respuesta a las preguntas de los asistentes, opinó que es un "tópico" que los funcionarios gocen de "privilegios". Añadió que las reformas que impulsa el Govern a la Ley de Función Pública deberán "contribuir a romper con estos tópicos".
El conseller aseguró que la nueva organización territorial de Cataluña "no quiere decir de ninguna manera engordar la administración y complicar la vida a la gente", sino que pretende facilitar que "ningún catalán tenga que salir de su comarca para dirigirse a su Govern".
LAS PROVINCIAS, "ANTAGÓNICAS" AL CATALANISMO
Defendió su plena voluntad en desarrollar la "nueva arquitectura institucional propia" de Cataluña, las vegueries, que responde a la "realidad nacional" catalana, porque las recoge el Estatut y porque la organización provincial es "antagónica" al catalanismo político.
Precisamente, aseguró que a finales del primer trimestre de 2009 el Govern aprobará la Ley de Gobiernos Locales, que establecerá los requisitos para constituirse en vegueria, pero que no dirá cuántas y cuáles --evitando así que la polémica sobre el número definitivo de vegueries--, en la línea de lo que la Constitución hace con las comunidades autónomas, que no las nombra ni enumera, sino que indica los requisitos para serlo.
También destacó la apuesta de su Conselleria en el ámbito de la administración electrónica para facilitar la coordinación entre ellas de las diferentes administraciones catalanes. Una apuesta que hasta ahora permitió a la administración ahorrarse de pedir documentación a la ciudadanía en 100.000 ocasiones.
El titluar de Gobernación y Administraciones Públicas, exigió una vez más al Estado que le facilite los datos sobre lo que aporta y recibe Catalunya para la formación continuada del funcionariado. "No conzco las cifras de liquidación de lo entregado y recibido", censuró, unas cifras que pronosticó negativas para Cataluña, y reclamó al Estado que se las facilite por "lealtad" institucional y "transparencia".
Además, alertó de que ni los municipios ni la Generalitat disponen de un sistema de financiación "justo y suficiente" para poder aplicar nuevos modelos de gestión de la administración pública "basados en la gestión del talento y el conocimiento" con el apoyo de las nuevas tecnologías.
Criticó el "compromiso descompensado" que supone que mientras el Estado, gracias a la Ley de Acceso Electrónico de 2007, tiene el compromiso de tener antes de 2010 una administración "de excelencia" que garantizará el acceso electrónico al conjunto de servicios, la misma ley establece que sólo se deberá aplicar en las comunidades autónomas si hay suficientes recursos.
Por ello, reclamó una "atención especial" porque "en ningún caso se puede tolerar una ralentización en la modernización" de la administración catalana en beneficio de la del Estado. "Ni los ciudadanos ni las empresas de Catalunya se merecen este agravio, que tampoco nos podemos permitir como país", apostilló.
Entre los asistentes estaban el conseller de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras; el presidente de ERC y ex conseller de Gobernación, Joan Puigcercós, y una nutrida representación de la Conselleria que dirige Ausàs.
Andalucía
