CC-NC plantea delegar en el Defensor del Pueblo la función de evaluar el cumplimiento de la Transparencia

Pedro Quevedo (Nueva Canarias) Y Ana Oramas (Coalición Canaria)
EUROPA PRESS
Europa Press Nacional
Actualizado: jueves, 20 junio 2013 21:19

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria y Nueva Canarias (CC-NC) han planteado 34 enmiendas a la Ley de Transparencia para, entre otras cosas, delegar en la Oficina del Defensor del Pueblo la evaluación del cumplimiento de las exigencias de transparencia que el Gobierno ha adjudicado a una nueva agencia de evaluación.

Los nacionalistas canarios sostienen que la institución del Defensor del Pueblo cuenta con suficientes garantías de independencia, mientras que la agencia de evaluación, tal y como la ha diseñado el Gobierno, ya cosechó las críticas de la oposición por excesiva dependencia respecto del Poder Ejecutivo.

Conforme a la propuesta de CC-NC, recogida por Europa Press, el Defensor del Pueblo recibirá las quejas por falta de transparencia y anualmente elaborará un informe sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información pública.

Por otro lado, la coalición apoya que partidos, sindicatos y patronal se sometan a la Ley de Transparencia y en concreto reclama que den a conocer en sus respectivas páginas web sus Estatutos, la composición y retribución de sus órganos de dirección, así como datos relativos a su financiación, distinguiendo las fuentes propias de las públicas. Todo ello pese a que a las reticencias expresadas públicamente por CEOE, UGT y CC.OO..

AYUDAS A LA BANCA

También quieren que la transparencia alcance a las ayudas del FROB a la banca y a las declaraciones de bienes y actividades de los directores generales y otros funcionarios que intervienen en procesos de contratación. Asimismo, plantea que quien haya sido sancionado por incumplir la Ley de Transparencia no pueda luego ser beneficiario de subvenciones públicas.

En materia de Buen Gobierno, CC-NC limita el alcance de las medidas contar los responsables municipales y autonómicos y de hecho niega al Ministerio de Hacienda la capacidad de sancionar a los cargos de estas administraciones, como se recogía en el proyecto inicial del Gobierno.

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