Las CCAA del PP se desmarcan del acuerdo de las autonomías con competencias en justicia para pedir más atribuciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las dos Comunidades Autónomas gobernadas por el PP con competencias transferidas en materia de justicia, Madrid y Valencia, decidieron no ratificar el documento firmado hoy por las otras siete autonomías con estas competencias, en el que reclaman al Gobierno nuevas atribuciones.

El conselleiro de Presidencia del Gobierno gallego, José Luis Méndez Romeu, aseguró en rueda de prensa que Madrid y Valencia decidieron "por razones de orden estrictamente político" no ratificar el documento, que recoge las conclusiones de la reunión que la Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas con competencias transferidas en justicia celebraron en Santiago de Compostela.

Méndez Romeu destacó que las dos comunidades gobernadas por el PP participaron de forma "fructífera" en el encuentro y en la elaboración de las conclusiones, tras lo que lamentó que no tomasen parte en la firma del documento final y reiteró que su ausencia obedeció a "razones ajenas al contenido de los acuerdos".

Los consejeros de Justicia de Cataluña, Andalucía, Asturias, País Vasco y Canarias, así como el director general de Justicia de Navarra y el conselleiro de Presidencia gallego, firmaron hoy el texto, que remitirán al Ministerio de Justicia para solicitar al Gobierno nuevas atribuciones.

PLANTA JUDICIAL

Así, las comunidades reclaman la competencia para la demarcación de la planta judicial y que sean los Gobiernos autonómicos los que decidan la ubicación de las nuevas unidades judiciales. Méndez Romeu destacó que los gobiernos autonómicos son los que mejor conocen la carga de trabajo y las necesidades de nuevas unidades judiciales, a la vista de la saturación de las que están en funcionamiento.

"Es una situación que difícilmente se puede resolver si la toma de decisiones se hace a 600 kilómetros", enfatizó el conselleiro, que consideró que con esta competencia se mejorará la atención que se presta a los ciudadanos.

Las comunidades también reclaman que se garantice "la plena utilización de las lenguas oficiales" de cada comunidad autónoma para que los ciudadanos puedan participar en todo el proceso en la lengua de su elección.

Asimismo, piden la transferencia de los cuerpos de secretarios judiciales y médicos forenses, para que los Ejecutivos autonómicos puedan "racionalizar las plantillas" y promover los concursos de traslado en su territorio.

OTRAS RECLAMACIONES

Otras de sus reclamaciones son la elaboración de un protocolo de actuación en materia de Medicina Legal en caso de grandes catástrofes y la participación de las comunidades en los fondos relacionados con la gestión de las cuentas, depósitos, tasas y multas judiciales.

También constataron la necesidad de llevar adelante la implantación de la nueva oficina judicial y reanudar la tramitación parlamentaria de la reforma procesal. Méndez Romeu consideró "imprescindible" la implicación del Consejo General del Poder Judicial en la implantación de esa oficina judicial.