Centro de Estudios Constitucionales propone regular la transparencia de partidos y sindicatos en otras leyes

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, considera que existen un problemas técnico-jurídicos para que la futura Ley de Transparencia concrete las obligaciones de las formaciones políticas y los sindicatos en esta materia y apuesta por trasladar esa regulación a otras normas. Eso sí, no ve problema en que la norma que se tramita en el Congreso recoja el compromiso de que las organizaciones políticas y sindicales tengan que adaptarse a la misma.

Así lo ha indicado Pendás en el transcurso de su comparecencia en la Comisión Constitucional encargada de la tramitación de la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, durante la que ha querido dejar claro que tiene una opinión "rotundamente favorable" a ampliar a partidos y sindicatos el ámbito de aplicación de la norma.

"Pero hay que hacer bien las cosas, hay que hacerlas donde se debe", ha puntualizado. Por eso es partidario de visualizar, en una disposición adicional de la Ley de Transparencia, el "compromiso político" de imprimir transparencia a los partidos, pero remitiendo su concreción a otras leyes.

Partiendo de la base de que los partidos son entidades privadas y que "no pueden ser equiparadas a los poderes públicos", Pendás cree que sus obligaciones de transparencia deberían regularse en la Ley de Partidos que, además, a diferencia de la de transparencia, tiene carácter orgánico.

En su opinión, esa reforma podría tramitarse en paralelo a la Ley de Transparencia, o estos asuntos podrían concretarse en las futuras normas sobre el ejercicio de las funciones políticas y el control financiero de los partidos políticos anunciadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

CONTRATAR COMO LA ADMINISTRACIÓN

En este punto, ha sugerido la inclusión en la futura ley de control financiero de los partidos de una disposición que les obligue a sujetar su contratación a principios análogos a los de la Administración (concurso, concurrencia, etc). También ve factible trasladarles la "obligación proactiva" de informar o de hacer públicas su contabilidad incluso antes de que reciba el aval del Tribunal de Cuentas.

Por contra, considera "más complejo" aplicar a los partidos el mismo "deber de información" que se va a imponer a la administración. Eso implicaría, según ha explicado, la modificación de los estatutos de las formaciones políticas, que tendrían que establecer un procedimiento para gestionar las solicitudes de información. También se ha preguntado ante quién se podría recurrir cuando se denieguen los datos reclamados y ha recordado que una decisión de un partido no puede ser impugnada vía contencioso-administrativa

REGULAR ADECUADAMENTE LO RELATIVO A LA CORONA

Respecto a la inclusión de la Corona, Pendás ha elogiado "la excelente disposición" de la Casa del Rey para ser incorporada en términos "razonables, sensatos y adecuados", máxime cuando la legislación internacional --ha citado en concreto la británica-- no afecta a las Casas Reales.

En este punto, coincide con el Gobierno en que "no ofrece demasiados problemas" informar sobre los gastos de la Jefatura del Estado que "son imputables a departamentos ministeriales" como los viajes, la seguridad, el número de vehículos oficiales, los edificios de Patrimonio que usa la Familia Real. Eso sí, ha pedido que las obligaciones de transparencia de la Corona se regulen "delimitando adecuadamente en términos que podrían ser bastante similares a los de los órganos constitucionales".

Por el contrario, ha rechazado la inclusión de la Iglesia Católica en la Ley de Transparencia, que defienden PSOE e Izquierda Unida. "No creo que deba estar; no es razonable con el espíritu de la norma", ha comentado sin entrar en más detalles.

LA AGENDA DEL PRESIDENTE, CON LÍMITES

Para Pendás, "en tiempos de inquietud democrática", una ley como esta es el "mejor mensaje posible" y puede contribuir a disminuir esa "brecha entre políticos y sociedad" que, en su opinión, "conviene cerrar cuanto antes". En este contexto, ha remarcado la conveniencia de que los grupos sellen un "gran pacto" que permita que la ley se apruebe con el mayor consenso posible, dado que se trata de una ley que "afecta a las reglas del juego y es materialmente esencial para el funcionamiento democrático".

En contra del criterio de algunos grupos como Izquierda Plural y UPyD, Pendás ha defendido que el acceso a la información no es un derecho fundamental y ha recordado que "la creatividad jurídica tiene sus límites".

Pendás considera que esta ley requiere "rigor, prudencia y sentido común" y estos son los principios que deben regir a la hora de poner limitaciones. En este contexto, apuesta por "preservar ciertos ámbitos" por ejemplo en la agenda del jefe del Ejecutivo del Gobierno y ha recordado que en el caso del presidente estadounidense es pública, pero con dos excepciones: la seguridad nacional y las reuniones "de naturaleza necesariamente confidencial".

Entre sus propias propuestas, ha sugerido la introducción de una enmienda para obligar a las administraciones públicas a hacer público su patrimonio.