Cerdán pide al Supremo que acelere el análisis de su patrimonio para proteger su presunción de inocencia

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MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha pedido al juez del Tribunal Supremo que le investiga que dé un "impulso procesal" al informe sobre su patrimonio para así proteger su "presunción de inocencia", que se habría visto dañada por las "atribuciones delictivas" recibidas por él y su familia.

En un escrito, recogido por Europa Press, la defensa del exdiputado solicita al magistrado del 'caso Koldo' que "acuerde conceder a esta parte protección a su derecho fundamental a la presunción de inocencia", denunciando "la demora en la presentación del informe de situación patrimonial" por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Sus letrados ponen el foco en el "resultado de la actividad investigadora desarrollada con evidente impacto en la presunción de inocencia" de Cerdán lo que, "a la vista de la demora en la aportación del resultado concreto y definido de los informes patrimoniales", se consolida "en la opinión pública con el paso del tiempo como verdad oficial a pesar de no gozar de material apto destinado a probar la culpabilidad" del exdirigente socialista.

En este sentido, su representación asegura que, desde que se desvelara el informe que destapó la presunta implicación de Cerdán en el caso, "vienen publicándose en los medios de comunicación todo tipo de atribuciones delictivas" contra el exdiputado y su familia. "Y no se trata de meras invenciones de dichos medios de comunicación, sino de informaciones extraídas parcialmente en los atestados de la Guardia Civil y, por ende, de las resoluciones dictadas por este tribunal", critica.

El escrito incide en que "resulta ineludible que a la mayor brevedad posible se requiera a los guardias civiles para que aporten a las actuaciones el informe sobre la investigación patrimonial realizada a Cerdán".

NO EXISTE "OTRA ALTERNATIVA"

"No existe otra alternativa para subsanar esta situación. No le es posible a esta parte acudir a la protección civil de los derechos de la persona de nuestro representado porque la mayoría de las publicaciones se limitan a reproducir bajo la técnica del llamado reportaje neutral las afirmaciones contenidas en atestados y resoluciones judiciales", apostilla.

Sus abogados ponen como ejemplo el hecho de que, en el auto por el que se acordó enviar a prisión provisional a Cerdán el pasado junio --el juez le puso en libertad en noviembre--, se afirmara que éste "podría haber recibido al menos 4.500.000 euros". "Esta manifestación contenida en una resolución judicial debe ser o confirmada por la Policía Judicial o expresamente descartada pero no puede quedar en el aire, sin más concreción o confirmación", denuncian.

En el mismo sentido, indican que los investigadores han señalado a Cerdán como dueño del 45% de una empresa, Servinabar, que actuaría como pantalla para el cobro de sobornos procedentes de adjudicaciones de obra pública. "Más allá de que hayamos negado la titularidad de ese porcentaje atribuido por la fuerza actuante y el instructor, tampoco es cierto que Servinabar sea una empresa pantalla", aclaran.

En uno de sus últimos informes, la UCO señala que Cerdán *y su "entorno familiar" se beneficiaron de Servinabar, una de las empresas que habría resultado favorecida con los presuntos amaños de obra pública que investiga el Tribunal Supremo, mediante el cobro de nóminas, alquileres de casas y una tarjeta de crédito.