MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los Servicios de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por orden de su presidente, Francisco José Hernando, han ampliado a toda España el campo de análisis sobre la situación en la que se encuentran actualmente los juzgados dedicados en exclusiva a ejecutorias penales. Fuentes de este órgano señalaron que está previsto que el informe pueda ser valorado por la Comisión Permanente convocada para el próximo 6 de mayo.
El pasado miércoles, Hernando encargó a elaboración de un informe sobre la situación en la que se encuentran actualmente los cuatro juzgados de ejecutorias penales de Madrid, entre ellos el número 2, calificado de "polvorín" por su titular, Eduardo López-Palop, debido a la acumulación de casi 7.000 sentencias de violencia de género que se encuentran pendientes de ejecución.
Según las mismas fuentes, se ha aprovechado para ampliar dicho estudio a los juzgados que llevan en exclusiva la tramitación de ejecutorias penales, y que funcionan en siete ciudades españolas: Barcelona, San Sebastián, Palma de Mallorca, Madrid, Valencia, Bilbao.
Tras su aprobación, el estudio será remitido al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en este ámbito junto con un listado de sugerencias para paliar la actual situación de pendencia en todos estos órganos.
Según algunos sectores del Consejo, el problema es que este tipo de órgano fue diseñado con una estructura con vistas a la puesta en marcha de la oficina judicial, que prevé descargar de trabajo a los jueces en favor de los secretarios judiciales. Al no ponerse en marcha aún esta reforma, el diseño no ha funcionado y estos órganos arrastran importantes retrasos que deben ser subsanados.
EN MADRID.
Precisamente, el GGPJ recordó la semana pasada mediante una nota de prensa que el 19 junio de 2005 acordó duplicar los medios en los cuatro juzgados de ejecutorias de Madrid, y estas medidas fueron renovadas el 22 de mayo de 2007 para la totalidad de ese ejercicio, sin que desde entonces conste una nueva solicitud por parte del juzgado para solicitar otra prórroga.
Estas medidas, que también fueron aplicadas en los Juzgados de Lo Penal 4, 7 y 12 de la capital, permitieron duplicar el número de magistrados, secretarios judiciales y funcionarios de las secretarías, algunos de los cuales comenzaron a desarrollar sus funciones en régimen de prolongación de jornada.
El plan de refuerzo se adoptó, según el CGPJ, ante "el retraso detectado" en estos juzgados "a comienzos del año 2005" y después de que los vocales delegados para el Plan de Urgencia mantuvieran diversas reuniones con sus titulares.
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