MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará el escrito en el que dos abogados solicitan la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras salir a la luz determinada documentación que evidenciaría, indiciariamente, que el magistrado contactó con el Banco Santander para la financiación de los cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York, entre marzo de 2005 y junio de 2006, y que, a su regreso a España, archivó una denuncia contra esta entidad. Le acusan de una falta muy grave de inobservancia del deber de abstención.
La Comisión Permanente del CGPJ acordó este martes remitir el escrito de los letrados a su órgano disciplinario, que a su vez lo remitió al Servicio de Inspección, que dispone de un mes de plazo para proponer el archivo de este asunto, la apertura de diligencias informativas (investigación) o bien solicitar directamente la incoación de un expediente disciplinario contra el magistrado, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Los dos letrados, José Luis Mazón y Antonio Panea, ejercen la acusación en una querella presentada contra el magistrado por estos hechos ante el Tribunal Supremo.
Los letrados, basan su petición ante el CGPJ en la documentación remitida el pasado lunes al alto tribunal por parte del Banco Santander relativa a los contactos celebrados entre Garzón, el presidente del Santander Emilio Botín y otros altos directivos de la entidad para la obtención de los fondos que precisaba para la organización de los cursos en el Centro Rey Juan Carlos I la Universidad de Nueva York, que los denunciantes fijan en 302.000 euros.
Según explicó esta parte a Europa Press, Garzón habría incurrido en una falta muy grave prevista en el artículo 417,8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por inobservancia del deber de abstención ya que, a su vuelta a España tras el permiso de estudios en Estados Unidos, archivó una querella contra directivos del Santander por la presunta apropiación de 750.000 millones de pesetas derivados de créditos recuperados de Banesto a través de la sociedad SCI Gestión.
Dicha inobservancia podría haberse cometido tanto por "amistad manifiesta" con el sujeto contra el que se dirigía la querella, Emilio Botín, como por interés directo en el pleito. De prosperar una investigación disciplinaria en este sentido, la sanción contra Garzón podría ir desde la suspensión entre 1 mes y 3 años (a partir de 6 meses perdería su plaza en la Audiencia Nacional), hasta la expulsión de la carrera judicial, pasando por el traslado forzoso.
MINTIÓ AL CGPJ
En el escrito entregado este martes al CGPJ los querellantes recuerdan que el propio Garzón -cuya presunta responsabilidad disciplinaria por este asunto ha sido anteriormente investigada y archivada por el Consejo- negó en este procedimiento anterior guardar ninguna relación de amistad con el Santander y sus directivos. "Ahora sale a flote que mentía ocultando la relación de amistad estrecha con el principal directivo del citado banco, imputado por entones en proceso penal por las 'cesiones de crédito' ante la propia Audiencia Nacional", afirman.
La documentación que acredita que Garzón solicitó personalmente a los directivos del banco el dinero para financiar el proyecto fue remitida al Tribunal Supremo después de que el alto órgano judicial le viniera requiriendo la misma de forma reiterada desde el pasado mes de septiembre.
Ante el silencio inicial del Santander, el alto tribunal tuvo que instar el pasado 15 de octubre a la entidad al "urgente cumplimiento" de la orden de entrega de información y posteriormente, tras recibir una respuesta parcial (según las acusaciones), citó al director de la asesoría jurídica, Jaime Pérez Renovales, quien finalmente remitió el 14 de diciembre un total de 8 documentos.
PROPUESTA "AMBICIOSA"
El primero de ellos es una nota para Emilio Botín redactada el 22 de abril de 2005 por el entonces director general del banco en Estados Unidos, Gonzalo de las Heras, en la que relata a su jefe un almuerzo celebrado con el juez en el que éste le habría comentado su propuesta para el curso en la Universidad de Nueva York, que el propio directivo califica de "importante aunque ambiciosa", con el objetivo de "acercar España a EE.UU".
"este martes me envía la propuesta que te adjunto (...). Creo que para nosotros el hacer un esfuerzo para acercar a los dos países no debería ser objetable, como tampoco lo es que nuestra ayuda vaya dirigida a una Universidad y no personas o grupos específicos. Dime qué te parece y cómo quieres que actúe", decía De las Heras a Botín.
El siguiente documento es una carta remitida por el propio Garzón a Botín, fechada el 10 de junio siguiente, agradeciéndole la financiación del curso. "Te rogaría, a la vista del programa que te remito (...) me indicaras aquellas personas a las que pudieras tener acceso con el fin de interesarles y comprometerles en el evento".
FINANCIACIÓN EN DIEZ DÍAS
El tercer documento es otra carta dirigida a Botín por Garzón, con fecha de 20 de enero de 2006, en la que el magistrado le propone un nuevo curso titulado Seminario sobre Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica- "Se celebrará si disponemos de financiación suficiente entre Nueva York y Madrid. Creo que es una propuesta bastante completa que someto a tu consideración (...) Te adjunto la propuesta y el presupuesto". En carta fechada diez días después, el magistrado agradece al banquero el patrocinio del curso.
El resto de documentos son cartas de agradecimiento remitidas al presidente del Santander por el director de los cursos, James D. Fernández, así como correos remitidos por éste a Gonzalo de las Heras relatándole el éxito de los mismo y la remisión a éste de cartas de invitación dirigidas a diferentes personalidades norteamericanas.
El Tribunal Supremo precisaba toda esta información para decidir si admite o no a trámite la segunda querella presentada contra el magistrado por estos hechos, por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y estafa.
Esta acción penal contra Garzón, impulsada por los letrados citados, se produce después de que el pasado 9 de marzo el Supremo archivara una primera querella por el mismo asunto ordenara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los investigara. El órgano de gobierno de los jueces abrió diligencias informativas contra el juez, pero las cerró el 2 de julio sin aplicarle ninguna sanción disciplinaria.
Los querellantes justifican este nuevo procedimiento en que la investigación del CGPJ sacó a la luz datos que no se conocían en el momento del archivo de la causa en el Tribunal Supremo.
Entre ellos, destacan que el Banco Santander entregó 302.000 dólares al Centro Rey Juan Carlos I la Universidad de Nueva York para la organización de los cursos dirigidos por Garzón y que este centro asignó al juez 21.152 dólares para sufragar sus gastos de viaje y 21.650 para pagar la matrícula de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas.
