MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) intentará mañana cubrir las vacantes existentes en el Tribunal Supremo, en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y en varias Audiencias Provinciales sobre las que no llegó a acuerdo en su próximo Pleno, celebrado el pasado día 3, último realizado antes de que venciera el plazo de cinco años de su mandato, el pasado día 7.
En el Pleno anterior, el portavoz del CGPJ, Enrique López, explicó que "la razón de peso" para haber aplazado los nombramientos es "la búsqueda de consenso" entre la mayoría conservadora y la minoría progresista, aunque también se había producido un problema formal ya subsanado.
No obstante, no parece probable que mañana se llegue a un acuerdo para las designaciones, puesto que esta tarde aún no había habido acercamientos en este sentido entre la mayoría y la minoría, y se remitía toda la negociación al propio Pleno, informaron a Europa Press fuentes del Consejo.
PENDIENTE.
Los nombramientos pendientes en la Sala de lo Penal son las vacantes dejadas por jubilación por los magistrados José Antonio Martín Pallín y Siro García. La Comisión de Calificación del Consejo propone a los fiscales del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal, Manuel Marchena y Antonio del Moral, para cubrir la de Martín Pallín, y el magistrado de la Audiencia de Madrid Jesús Fernández Entralgo, el de la de Murcia Carlos Moreno Millán y el de la de Pontevedra Luciano Varela, para la de Siro García.
Además, Calificación propone para la vacante que dejó en la Sala Quinta como magistrado su presidente, Angel Calderón, al magistrado de la Audiencia Nacional José Alberto Fernández Rodera, el presidente de la Audiencia de Almería, Benito Gálvez, y al jefe del Servicio de Inspección del Consejo, José María Gil.
Para la Presidencia del Tribunal Superior de Galicia, el Pleno votará entre el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ gallego Juan Carlos Trillo (que es el candidato preferente de Calificación), el magistrado de la Audiencia de La Coruña Angel Judel y el del citado TSJ Miguel Angel Cadenas. A la terna propuesta por la Comisión, se han añadido otros tres candidatos, entre ellos, el actual presidente en funciones, Antonio González.
Estos nombramientos necesitan una mayoría de tres quintos, lo que dificulta la elección por las diferencias existentes entre los vocales de la mayoría conservadora y los de la minoría progresista.
En el anterior Pleno también se dejó sin cubrir la Presidencia de la Audiencia Provincial de Huelva, a pesar de que sólo se necesita mayoría simple. Sin embargo, en este caso se da la circunstancia de que uno de los candidatos, el magistrado de la Audiencia de Madrid Jesús Fernández Entralgo, también ha solicitado la Sala Segunda del Supremo.
MATRIMONIOS GAYS.
Por otro lado, el Pleno del CGPJ votará la propuesta del vocal Luis Aguiar de considerar "una obligación legal y consustancial" a la función del juez la de tramitar y resolver los expedientes que existan en el Registro a su cargo, "entre los cuales, naturalmente, pueden figurar expedientes matrimoniales relativos a personas del mismo sexo".
Al contrario que proponía el vocal de la mayoría conservadora José Luis Requero, en una ponencia que fue rechazada el pasado día 3 por 9 votos frente a 8 y uno en blanco, Aguiar pide al Pleno que rechace el recurso del juez del Registro Civil de Sagunto (Valencia) Pablo de la Rubia de permitir a los jueces aplicar la objeción de conciencia para no tramitar expedientes de matrimonios entre personas del mismo sexo.
La propuesta de Aguiar afirma que los jueces "en ningún caso" pueden alegar "un sedicente derecho a la objeción de conciencia" para "legitimar un puro y simple no" al ejercicio de su función, "perjudicando los derechos e intereses legítimos de unos ciudadanos que tienen legalmente reconocida la facultad de contraer matrimonio con personas de su mismo sexo".
Asimismo, sostiene que las creencias religiosas del juez de Denia "no parecen haber generado, al menos hasta la fecha, objeción de conciencia alguna" sobre otras de sus funciones que "tampoco gozan de aprobación por la jerarquía eclesiástica, tales como la inscripción de matrimonios civiles".
Además, Aguiar recuerda al magistrado que su tarea consiste en la aplicación de las leyes, pero no en la "verificación de si los medios adoptados por el legislador para la protección de los bienes jurídicos son o no adecuados a la concreta finalidad de que se trate".
El juez De la Rubia, titular de un Juzgado con funciones de Registro Civil, alegó su derecho a la objeción de conciencia que le permita la abstención en los expedientes matrimoniales entre personas del mismo sexo. La Comisión Permanente ya había rechazado su pretensión, pero Requero entendió que se debía estimar parcialmente su recurso, porque "conforme al contenido natural del derecho fundamental a la libertad religiosa, por razones de conciencia, proclamado en el artículo 16 de la Constitución, la negativa del recurrente a intervenir, por razones de conciencia, en la tramitación de expedientes matrimoniales".
