MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia han rubricado este miércoles un convenio, para los próximos cuatro años, en prevención de riesgos laborales, con el fin de dar impulso a la cooperación en la vigilancia de la salud de los miembros de la carrera judicial y con acento en la perspectiva de género, al incluir medidas para evitar situaciones de riesgo en el periodo de maternidad tanto a la madre como al feto o lactante.
Un acuerdo que reemplaza al firmado en 2010 y busca mejorar el sistema de prevención de riesgos no solo de jueces y magistrados, sino también del resto de integrantes de la Administración judicial. En concreto, facilitará una mejor optimización de los sistemas de información, análisis e investigación a la hora de saber las causas de los accidentes de trabajo y al actuar para poder prevenirlos.
Según ha comunicado el CGPJ en una nota, este nuevo convenio pretende a su vez asegurar la coordinación con las Comunidades Autónomas que no tienen transferidas las competencias de Justicia.
El órgano de gobierno de los jueces recuerda que el ordenamiento jurídico deja en sus manos la prevención de los riesgos laborales, así como al Ministerio de Justicia, que es el encargado de pagar las retribuciones e indemnizaciones y velar por la seguridad y la salud de los empleados públicos que le prestan servicio en sus espacios.
REPARTO DE RESPONSABILIDADES
Al CGPJ le toca proteger la salud y formar en prevención a los miembros de la carrera judicial; los jueces sustitutos y magistrados suplentes con funciones jurisdiccionales; los alumnos de la Escuela Judicial, y los letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
Mientras, a Justicia le corresponde asumir las responsabilidades en el "territorio Ministerio", es decir, en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla, las comunidades y ciudades autónomas sin las competencias transferidas.
Con el Ministerio de Justicia, el CGPJ ha asumido el compromiso de garantizar la protección de los trabajadores que sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, ya sea por sus características personales o por su estado biológico, "incluidos aquellos que tengan reconocida una discapacidad".
Además, ambas instituciones se han comprometido a elaborar protocolos específicos y coordinados antes riesgos pandémicos.
