Hernando pide al secretario general un informe sobre nombramientos de la Sala del 61, aunque cree que se trata de un ataque contra él.
MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó hoy con 16 votos a favor y una abstención una declaración institucional en que se hace "una llamada a las fuerzas políticas para que a la mayor brevedad acometan el nombramiento de un nuevo" órgano de Gobierno de los jueces.
El portavoz del CGPJ, Enrique López, explicó que la declaración finalmente aprobada era "fruto un amplio consenso", lo que ha supuesto rebajar el tono con el que el propio López y los vocales de la mayoría conservadora Carlos Ríos, Javier Laorden y José Merino proponían responder al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien tanto en su toma de posesión el pasado día 13, como la semana pasada en el Congreso de los Diputados, dijo que el CGPJ carece de "legitimidad", porque su mandato terminó el pasado 7 de noviembre.
Aunque la declaración propuesta no mencionaba en ningún momento al ministro, en ella se definía al Consejo como "legal, legítimo y necesario" y se pedía "prudencia y mesura" a todos "a fin de no imponer a las instituciones un deterioro que no se justifica en causa alguna".
La declaración aprobada finalmente con 16 votos a favor (aunque los vocales Juan Pablo González y Carlos Ríos han emitido un voto concurrente) y la abstención del vocal José Luis Requero comienza dando "la bienvenida al nuevo ministro de Justicia" y ofreciéndole "su plena y leal colaboración para coadyuvar en el ejercicio de las funciones que constitucional y legalmente tiene encomendadas".
Además, continúa: "Ante la situación de 'en funciones' en que nos encontramos a partir del 7 de noviembre del 2006 en el que se cumplieron cinco años de mandato, queremos hacer una llamada a las fuerzas políticas para que a la mayor brevedad acometan el nombramiento de un nuevo Consejo General del Poder Judicial".
En este sentido, dice no poder dejar de recordar que este Consejo ha realizado "con plena diligencia todas las actuaciones que la Ley le atribuye para su propia renovación", lo que ha supuesto "el reconocimiento expreso de la Mesa del Congreso".
En cuanto a la prórroga de funciones, la declaración recuerda el artículo 115.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y anuncia su "intención de seguir desempeñando con plena legalidad las misiones encomendadas por el Ordenamiento Jurídico en garantía de la independencia del Poder Judicial, elemento básico de nuestro Estado de Derecho".
A pesar de apoyar la declaración institucional, los vocales Carlos Ríos y Juan Pablo González consideran que se debería haber incluido expresamente "una declaración de legitimidad democrática del Consejo en su actual composición", porque "el cambio de unas mayorías parlamentarias durante el mandato de un órgano constitucional que fue nombrado conforme a la ley, no afecta ni a la validez de su designación ni a la eficacia de su actividad diaria ni, en consecuencia, puede comprometer su aceptación social".
ATAQUE INJUSTIFICADO CONTRA HERNANDO.
Por otra parte, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Francisco José Hernando, distribuyó hoy a los 17 vocales que asistieron al Pleno (faltó Alfons López Tena) un escrito sobre la colocación en el escalafón de los magistrados del Tribunal Supremo, lo que determina su inclusión en la Sala del 61, en el que pide al secretario general del Consejo, Celso Rodríguez, un informe al respecto.
Ello, a pesar de que considera que no existe otra razón para que la minoría progresista le pidiera explicaciones sobre los criterios seguidos para "establecer con precisión y objetividad" quién es el magistrado "más antiguo" y el "más moderno" de los nombrados el mismo día para así "evitar que los ciudadanos puedan tener sospechas sobre la posible alteración de la composición" de la Sala del 61, que "el desprestigio y el ataque injustificados a esta institución de la Presidencia".
La paralización de los nombramientos de la Sala del 61 también solicitada por los ocho vocales de la minoría progresista ha sido rechazada al obtener sólo siete votos a favor.
El escrito de Hernando, que comienza recordando que el secretario general ya dio explicaciones al respecto a los vocales el pasado día 22, explica que como presidente del Consejo sus funciones son "la fijación del orden del día de la sesión plenaria en la que se han de producir los nombramientos", mientras que como presidente del Supremo debe fijar el orden del día de la reunión de la Sala de Gobierno ante la que toman posesión los nombrados.
"Fuera de estas intervenciones, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo carece de competencia alguna en la materia; teniendo su llevanza, por tanto, carácter administrativo o, si se quiere, burocrático. Las atribuciones para dicha llevanza corresponden, pues, con carácter exclusivo, a los órganos administrativos y técnicos del Consejo", explica Hernando.
Añade que las resoluciones de nombramiento de magistrados se han realizado en función del "criterio objetivo y contrastable" de cuándo se han producido las vacantes, y la toma de posesión, según el orden de los reales decretos. "Como esa realidad" la conocen los vocales de la minoría "por su propia experiencia" y "las exhaustivas explicaciones dadas por el secretario del Consejo, este presidente no encuentra otra razón en el escrito presentado que el desprestigio y el ataque injustificado a esta isntitución de la Presidencia", insiste Hernando.
El problema surgió después de que la semana pasada, vocales de la minoría consultaran a quién le correspondía ocupar una plaza en la Sala del 61 del Tribunal Supremo (formada por Hernando, los presidentes de las Salas y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas) entre los dos últimos magistrados nombrados para el alto tribunal: Luciano Varela, juez de carrera, y Manuel Marchena, fiscal.
La aplicación del artículo 347 de la Ley Orgánica del Poder Judicial hizo que fuera el conservador Marchena el considerado magistrado más moderno de la Sala de lo Penal, al ser jurista y no juez de carrera, aunque ambos fueran nombrados el mismo día.
A partir de ahí, los vocales de la minoría pidieron oficialmente a Hernando explicaciones a través de un escrito en el que preguntaban por qué en junio de 2005 cuando se nombró a cuatro magistrados para la Sala Primera del Supremo, pasó a integrar la Sala Especial uno de los jueces y no la jurista de menos edad.
INFORME GUARDIA CIVIL.
Asimismo, el Pleno aprobó hoy con 9 votos a favor y 7 en contra el informe que considera "incongruente" la reforma disciplinaria del Gobierno para la Guardia Civil por eliminar la Jurisdicción Militar cuando los agentes realicen funciones policiales, como ocurre la gran mayoría del tiempo, a pesar de no perder en ningún momento su naturaleza militar.
El ponente del informe, Adolfo Prego, agregaba que la supresión del Código Penal Militar produce un "efecto de desmilitarizar" a la institución en uno de sus aspectos fundamentales.
