El CGPJ valida la actuación de un juez catalán que denegó la traducción gratuita al castellano de documentos judiciales

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial archivó el pasado 8 de febrero la investigación abierta por los Servicios de Inspección de este órgano al titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vic (Barcelona), Victor Casillas, que había recibido la queja de un abogado al que negó la traducción gratuita al castellano de determinados documentos referidos a una causa tramitada en este órgano.

El órgano de gobierno de los jueces inició la investigación después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le manifestara que este tipo de decisiones no son habituales y que no consta instrucción alguna al respecto por parte del Departament de Justicia catalán. No obstante, concluyó que no procede imponer sanción alguna al juez porque las traducciones al castellano de los documentos judiciales constituyen una cuestión ajena a las competencias del CGPJ.

La propuesta de la Inspección, aprobada por la Comisión Disciplinaria, señala que "no cabe en el procedimiento disciplinario ni está al alcance de este Consejo General del Poder Judicial que, si bien tiene por misión contribuir a salvaguardar la independencia de los jueces y magistrados mediante las atribuciones que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) le confían, en cambio, no está autorizado para corregir la aplicación que aquellos hagan del ordenamiento jurídico, en el marco del proceso y en el ejercicio de las potestades jurisdiccionales".

El abogado, José Luis Mazón, solicito al juez Casillas la traducción al castellano del auto de admisión a trámite de la demanda que había presentado en representación de su cliente, alegando no entender el catalán. El juez le contestó que se podía realizar la traducción, se bien está debería se costeada por el letrado.

CLIENTE CATALÁN

Tras recibir la notificación del TSJ de Cataluña, la Inspección del CGPJ examinó el auto firmado por el juez Casillas denegando el recurso del abogado, en el que se señalaba que éste parecía equivocar "el concepto de traducción de oficio con el de traducción gratuita", y recordando que el cliente de Mazón es "de vecindad catalana".

Concluía el juez de Vic que el desconocimiento por el letrado del idioma catalán no debe significar que, "al menos dentro de la jurisdicción civil (...) la traducción no haya de ser costeada por la parte proponente, de igual forma que, acordada la designación de perito (...) se haya de otorgar previamente por el solicitante la previsión de fondos requerida".

En opinión del Consejo, la conducta del juez Casillas no puede ser incardinada en una falta de desatención o ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales (prevista en el artículo 417 LOPJ), tal y como denunciaba el abogado.

Lo que realmente se discute en la presente queja es el acierto de la providencia dictada por el juez de Vic en la que se acuerda la traducción del auto, según el Consejo, "y eso no cabe en el procedimiento disciplinario".

Mazón considera que la decisión del Consejo en "insólita y de una arbitrariedad profunda", ya que el derecho de un ciudadano o abogado en un pleito a obtener las traducciones gratuitas de los documentos redactados en otra lengua co-oficial "no puede quedar al abrigo del personal criterio de un juez", según manifestó a Europa Press.

Añadió que la decisión del Consejo valida "un claro abuso del juzgador, que ahora tiene las manos libres para seguir denegando las traducciones pese al carácter superior o imperativo de la ley", por lo que ya ha recurrido esta decisión ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Además, la denegación de las traducciones se ha denunciado ante el Tribunal Constitucional.