El CGPJ vota el miércoles una declaración en la que se define como "legal, legítimo y necesario", en respuesta a Bermejo

Actualizado: lunes, 26 febrero 2007 18:22

La minoría ha pedido explicaciones a Hernando sobre los criterios seguidos para entrar a formar parte de la Sala del 61 del Supremo.

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votará el próximo miércoles una declaración institucional, propuesta por los vocales de la mayoría conservadora Enrique López, Carlos Ríos, Javier Laorden y José Merino, en la que se define al órgano de gobierno de los jueces como "legal, legítimo y necesario" y se pide "prudencia y mesura" a todos "a fin de no imponer a las instituciones un deterioro que no se justifica".

La declaración se someterá a votación el miércoles en respuesta a las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien tanto en su toma de posesión el pasado día 13, como la semana pasada en el Congreso de los Diputados, dijo que el CGPJ carece de "legitimidad", porque su mandato terminó el pasado 7 de noviembre.

Dicha declaración se divide en seis puntos, en los que nunca se menciona al ministro y que recuerdan el artículo 115.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que el Consejo permanezca hasta la toma de posesión del que le suceda. El planteamiento más duro es el último, que dice textualmente: "La situación actual del Consejo es, pues, de pura y estricta legalidad, su actuación diaria imprescindible y no ostenta déficit de ninguna clase desde el punto de vista de su legitimidad democrática".

"El cambio de unas mayorías parlamentarias durante el mandato de un órgano constitucional que fue nombrado conforme a la ley no afecta ni a la validez de su designación ni a la eficacia de su actividad diaria ni, en consecuencia, puede comprometer su aceptación social. Debe llamarse en este sentido a la prudencia y mesura de todos a fin de no imponer a las instituciones un deterioro que no se justifica en causa alguna. Es el Consejo General del Poder Judicial, incluso en su actual conformación, legal, legítimo y necesario y por todo ello merece el general respeto", afirma la declaración propuesta.

Tras la reciente jubilación de Enrique Míguez, las fuerzas en el Consejo han quedado igualadas a nueve votos, si al criterio de la minoría progresista se une el independiente Agustín Azparren. No obstante, aunque Azparren votara en contra de la declaración, ésta podría ser aprobada con el voto de calidad del presidente del Consejo, Francisco Hernando, que desharía el empate entre los dos sectores.

SALA DEL 61.

Otro motivo de enfrentamiento entre la mayoría conservadora y la minoría progresista, en el Pleno del miércoles, será la petición de la última para que el presidente del Consejo General del Poder Judicial dé explicaciones sobre los criterios seguidos para "establecer con precisión y objetividad" quién es el magistrado "más antiguo" y el "más moderno" de los nombrados el mismo día para así "evitar que los ciudadanos puedan tener sospechas sobre la posible alteración de su composición".

La divergencia ha surgido después de que la semana pasada, vocales de la minoría consultaran a quién le correspondía ocupar una plaza en la Sala del 61 del Tribunal Supremo (formada por Hernando, los presidentes de las Salas y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas) entre los dos últimos magistrados nombrados para el alto tribunal: Luciano Varela, juez de carrera, y Manuel Marchena, fiscal.

La aplicación del artículo 347 de la Ley Orgánica del Poder Judicial hizo que fuera el conservador Marchena el considerado magistrado más moderno de la Sala de lo Penal, al ser jurista y no juez de carrera, aunque ambos fueran nombrados el mismo día.

El escrito remitido al Pleno, firmado por el vicepresidente del consejo, Fernando Salinas, y los vocales de la minoría progresista Juan Carlos Campo, Montserrat Comas, Javier Martínez Lázaro, Luis Aguiar, María Angeles García, Félix Pantoja y Alfons López Tena, se pregunta por el motivo por el que en junio de 2005 cuando se nombró a cuatro magistrados para la Sala Primera del Supremo, pasó a integrar la Sala Especial uno de los jueces y no la jurista de menos edad.

Fuentes del Consejo señalaron que el motivo por el que fueron considerados más antiguos los juristas que los jueces en esa ocasión fue porque a petición de ellos mismos se retrasó el Real Decreto por el que fueron nombrados, ya que tenían que atender a ciertos compromisos. Por eso, se consideró el más moderno en la Sala Especial encargada de ejecutar la sentencia de ilegalización de Batasuna a Antonio Salas y no a la jurista de menos edad, Encarnación Roca.

No obstante, fuentes de la minoría creen importante determinar con exactitud qué criterio se sigue para ser considerado más antiguo o menos en el escalafón de la carrera judicial, ya que de ello depende no sólo formar parte de la Sala del 61, sino otros aspectos directamente relacionados con el juez ordinario predeterminado por la ley.