El CGPJ vuelve a aplazar a próximos Plenos los nombramientos pendientes, al no haber acuerdo

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volvió hoy a aplazar los nombramientos que debía realizar para cubrir las vacantes existentes en el Tribunal Supremo, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y la Audiencia Provincial de Huelva, al no haberse llegado a acuerdo entre la mayoría conservadora y la minoría progresista.

A pesar de que estos nombramientos iban por segunda vez consecutiva en el orden del día del Pleno del Consejo, volverieron a ser pospuestos a la reunión que se celebrará el próximo 15 de diciembre.

En el Pleno del pasado día 3, el portavoz del CGPJ, Enrique López, explicó que la razón de peso para haber aplazado los nombramientos era la búsqueda de consenso entre la mayoría conservadora y la minoría progresista, como ha ocurrido en esta ocasión. Todos estos nombramientos, salvo el de la Audiencia de Huelva, necesitan una mayoría de tres quintos para ser aprobados, lo que obliga a buscar el consenso entre los dos sectores del Consejo.

Los nombramientos pendientes en la Sala de lo Penal son las vacantes dejadas por jubilación por los magistrados José Antonio Martín Pallín y Siro García. La Comisión de Calificación del Consejo propone a los fiscales del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal, Manuel Marchena y Antonio del Moral, para cubrir la de Martín Pallín, y el magistrado de la Audiencia de Madrid Jesús Fernández Entralgo, el de la de Murcia Carlos Moreno Millán y el de la de Pontevedra Luciano Varela, para la de Siro García.

Además, Calificación propone para la vacante que dejó en la Sala Quinta como magistrado su presidente, Angel Calderón, al magistrado de la Audiencia Nacional José Alberto Fernández Rodera, el presidente de la Audiencia de Almería, Benito Gálvez, y al jefe del Servicio de Inspección del Consejo, José María Gil.

Para la Presidencia del Tribunal Superior de Galicia, se eligirá entre el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ gallego, Juan Carlos Trillo (que es el candidato preferente de Calificación), el magistrado de la Audiencia de La Coruña Angel Judel y el del citado TSJ Miguel Angel Cadenas. A la terna propuesta por la Comisión, se han añadido otros tres candidatos, entre ellos, el actual presidente en funciones, Antonio González.

El Pleno también se volvió a dejar sin cubrir la Presidencia de la Audiencia Provincial de Huelva, aunque sólo se necesita mayoría simple. En este caso se da la circunstancia de que uno de los candidatos, el magistrado de la Audiencia de Madrid Jesús Fernández Entralgo, también ha solicitado la Sala Segunda del Supremo.

MATRIMONIOS GAYS.

Por otro lado, el Pleno del CGPJ aprobó por diez votos a favor, ocho en contra y una abstención la propuesta de considerar una obligación legal y consustancial a la función del juez la de tramitar y resolver los expedientes que existan en el Registro a su cargo, "entre los cuales, naturalmente, pueden figurar expedientes matrimoniales relativos a personas del mismo sexo".

A pesar de que la ponencia en este sentido había sido realizada por el vocal de la minoría progresista Luis Aguiar, finalmente fue defendida, prácticamente en su integridad, ante el Pleno por el vocal elegido a propuesta de IU, Félix Pantoja.

Aguiar renunció, tras ser recusado por el juez del Registro Civil de Sagunto (Valencia) Pablo de la Rubia, quien presentaba el recurso estudiado. Aunque la recusación fue rechazada por unanimidad por el Pleno del Consejo, Aguiar entendió más conveniente que defendiera la ponencia otro vocal. En un principio el encargado de defender el recurso de De la Rua era el vocal de la mayoría conservadora José Luis Requero, cuya ponencia fue rechazada el pasado día 3 por nueve votos frente a ocho y uno en blanco. Finalmente el Pleno ha rechazado el recurso del juez del Registro Civil de Sagunto con el que pretendía permitir a los jueces aplicar la objeción de conciencia para no tramitar expedientes de matrimonios entre personas del mismo sexo.

La propuesta aprobada afirma que los jueces en ningún caso pueden alegar un sedicente derecho a la objeción de conciencia para legitimar un puro y simple no al ejercicio de su función, "perjudicando los derechos e intereses legítimos de unos ciudadanos que tienen legalmente reconocida la facultad de contraer matrimonio con personas de su mismo sexo".

Asimismo, sostiene que las creencias religiosas del juez de Denia "no parecen haber generado, al menos hasta la fecha, objeción de conciencia alguna" sobre otras de sus funciones que "tampoco gozan de aprobación por la jerarquía eclesiástica, tales como la inscripción de matrimonios civiles".

Además, recuerda al magistrado que su tarea consiste en la aplicación de las leyes, pero no en la "verificación de si los medios adoptados por el legislador para la protección de los bienes jurídicos son o no adecuados a la concreta finalidad de que se trate".

El juez De la Rubia, titular de un Juzgado con funciones de Registro Civil, alegó su derecho a la objeción de conciencia que le permita la abstención en los expedientes matrimoniales entre personas del mismo sexo. La Comisión Permanente ya había rechazado su pretensión, pero Requero entendió que se debía estimar parcialmente su recurso, porque "conforme al contenido natural del derecho fundamental a la libertad religiosa, por razones de conciencia, proclamado en el artículo 16 de la Constitución, la negativa del recurrente a intervenir, por razones de conciencia, en la tramitación de expedientes matrimoniales".