La financiación local, pendiente desde hace años, sigue a la espera de superar la crisis económica
MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy hereda el objetivo de eliminar las "disfunciones o duplicidades" entre las administraciones públicas treinta años después de la puesta en marcha del sistema autonómico, un trabajo que quiso emprender el equipo de Manuel Chaves y para lo cual encargó, hace ahora un año, un informe al respecto.
Chaves encabezó el ministerio de Política Territorial, con rango además de vicepresidencia, departamento que en el nuevo gabinete de Mariano Rajoy ha quedado integrado en la cartera de Hacienda y con la clásica denominación de Administraciones Públicas, cuyo titular será Cristóbal Montoro.
El trabajo sobre duplicidades recayó en la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y está ya terminado, pero el Ministerio de Política Territorial no le dio publicidad ante la proximidad de las elecciones.
Manuel Chaves explicó en su día que encargaba este informe porque el desarrollo del Estado de las Autonomías ha producido "ciertas disfunciones y duplicidades que hay que corregir o mejorar permanentemente", competencias que prestan varias administraciones, servicios que recaen en varios departamentos, y que esperaba que sus conclusiones pudieran servir de base a un gran acuerdo en una Conferencia de Presidentes o en las correspondientes conferencias sectoriales.
Éste puede ser uno de los objetivos del nuevo Gobierno y ha sido, de hecho, puesto de manifiesto por el propio Mariano Rajoy tanto en campaña electoral como en su discruso de investidura. El debate sobre una posible ineficiencia de las administraciones públicas en España y la duplicación de departamentos según se trate de gobierno local, provincial, regional o central, surgió hace ya más de un año ante la necesidad de hacer más eficientes los servicios públicos a medida que la crisis económica se alarga y desde la UE se exige reducir al máximo el déficit público.
En concreto, la intención de Chaves al encargar el citado informe era definir de forma precisa las competencias que le corresponden a cada administración territorial para que un mismo servicio no sea prestado por varios departamentos si no resulta necesario.
EFECTOS DE LA CRISIS EN LOS AYUNTAMIENTOS
En lo relativo a la política territorial, el Ejecutivo de Rajoy hereda también otra asignatura pendiente desde hace años y que la crisis económica ha hecho imposible, la reforma de la financiación local y, en paralelo, la de la ley de bases de régimen local, que define el funcionamiento de ayuntamientos y entidades locales.
Desde el Congreso de los Diputados y el Senado se han sucedido a lo largo de la última Legislatura numerosas iniciativas procedentes de la mayoría de grupos de la oposición en las que se instaba al Gobierno a reformar ambas leyes, pero sobre todo la concerniente a la financiación debido a los efectos que la crisis está provocando en la economía de los entes locales.
En 2008, durante su discurso de investidura, José Luis Rodríguez Zapatero prometió llevar al Consejo de Ministros los dos proyectos de ley, e incluso Chaves presentó ante el gabinete un informe preliminar en lo que respecta a la ley de bases, pero el adelanto electoral y, sobre todo, los efectos sobre el déficit que, según el Gobierno, conllevaría reformar la financiación municipal, dejaron las dos reformas en espera.
Además, el departamento territorial es el encargado de seguir desarrollando los estatutos de autonomía, tras las reformas ya acometidas en algunas comunidades. En concreto, durante las dos legislaturas socialistas han sido reformados los estatutos de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Castilla y León y Baleares.
Castilla-La Mancha y Canarias vieron cómo las normas que habían aprobado sus respectivos parlamentos autonómicos quedaron encalladas en su tramitación en el Congreso, mientras que otras como la gallega, la asturiana o la madrileña no llegaron ni a encontrar consenso entre los partidos políticos de estas regiones.
PACTO ANTITRANSFUGUISMO EN VÍA MUERTA
Otro de los asuntos que quedó encallado en el departamento dirigido por Manuel Chaves fue el Pacto Antitransfuguismo, que está en vía muerta y no se ha reunido en todo el año 2011 después de que las formaciones no fueran capaces de ponerse de acuerdo sobre la no inclusión de tránsfugas en las listas electorales.
El Pacto Antitransfuguismo fue firmado en 1998 por los principales partidos políticos y su Comisión de Seguimiento está presidida por el ministro del momento de Administraciones Públicas o, en la última etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por el titular de la cartera de Política Territorial.
Las reuniones del Pacto eran convocadas tradicionalmente dos veces al año, en julio y en diciembre. Sin embargo, el pasado mes de julio el vicepresidente Manuel Chaves decidió no convocar la reunión del Pacto debido a su proximidad con las elecciones municipales de mayo y la constitución de los nuevos ayuntamientos, que hacía que no hubiera sobre la mesa prácticamente ningún caso nuevo.
Ahora, el nuevo Ejecutivo tendrá el reto de revitalizar el Pacto, que quedó en el aire en su última reunión de 2010. Entonces, el PSOE llegó al encuentro con un documento en el que proponía a las demás formaciones adoptar el compromiso de no incluir tránsfugas en las listas del 22 de mayo y, en caso de que fuera aceptado, retiraría como cabeza de lista del municipio alicantino de Benidorm a Agustín Navarro, que ya había sido designado por los órganos del partidos.
Sin embargo, el PP defendió que ese compromiso ya quedó claro en el propio texto del Pacto y acusó a los socialistas de romperlo unilateralmente con el caso de Benidorm, por lo que defendió su derecho a partir de ese momento de contar en las elecciones con "las mejores personas posibles", sin especificar si eso incluía tránsfugas.
