- Chaves replica a Montoro que excederse en el gasto solo implica responsabilidades penales si hay un delito
MADRID, 18 Ene. (OTR/PRESS) -
Los planes del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de modificar la Ley de Transparencia para imponer sanciones penales a los gobiernos autonómicos que superen el límite de gasto no han sido bien acogidos por varios partidos políticos. Entre ellos se encuentra IU, que, a través de su diputado en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha manifestado que "el señor Montoro no se puede convertir en el Tribunal Supremo". También el exvicepresidente tercero del Gobierno y Ministro de Política, Manuel Chaves, ha replicado al jefe de Hacienda que excederse en el gasto solo implica responsabilidades si hay un delito.
En opinión del diputado de IU, "si aplicásemos ese criterio a los bancos, los particulares y las administraciones públicas estaríamos en la locura, en el todos a la cárcel de Berlanga y esa no es la forma de funcionar en un estado democrático", ha comentado en la Cámara Baja.
Allí mismo también ha aprovechado para recordar que la "responsabilidad de los gobernantes es con sus votantes" y que, cuando éstos cometen un delito deben responder ante la Justicia. "Pero el señor Montoro no se puede convertir en el Tribunal Supremo porque no lo es", ha advertido, antes de instalarle a cumplir con su obligación de garantizar "funcione bien la Hacienda pública" en lugar de montar "cortinas de humo para eludir su responsabilidad en esta materia".
También Chaves ha sido crítico con el ministro de Hacienda, si bien ha precisado que hasta que no conozca la propuesta concreta no se puede "pronunciar" al respecto. No obstante, ha asegurado que a los gestores que se excedan en el gasto solo se les podrán exigir responsabilidades públicas "si cometen un delito", ya que de lo contrario se trata de una responsabilidad "política" que se debe exigir al Parlamento.
"Es lo propio y normal de un Estado de Derecho y cualquier sociedad democrática: el que comete un delito, a la Justicia, las responsabilidades políticas en el Parlamento", ha asegurado Chaves en declaraciones a los periodistas, tras ser nombrado presidente de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso.
En relación al anuncio de Montoro, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha señalado que "falsear la contabilidad pública es un delito", por lo que "cualquier falseamiento de la contabilidad pública es una infracción penal".
En este sentido, a modo de ejemplo, ha indicado que, "otra cosa distinta" es que "un gestor sanitario prevea 32.725 operaciones menores y haya finalmente 45.000", en este caso "no se va a dejar de hacerlas, pero lo que no se puede hacer es dejar de contabilizarlas". "Esto es lo que yo creo que dice Montoro", ha apuntado en rueda de prensa Griñán, quien ha señalado que "con razón" porque "no contabilizar o falsificarlo es un delito".
LAS RESPONSABILIDADES, AL GOBIERNO CENTRAL
Quien tampoco ha compartido los planes propuestos por Montoro ha sido el diputado de CiU Carles Campuzano, que ha calificado de "paternalista" la actitud del Gobierno del PP respecto a las Comunidades Autónomas, y ha asegurado que quien debe asumir responsabilidades por la gestión de la crisis es el Ejecutivo central y no culpar a los autonómicos.
Según ha remarcado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Campuzano ha remarcado que las comunidades "viven de las transferencias" que autoriza el Estado, asumiendo responsabilidades "con un margen de actuación limitado".
"Si el Gobierno quiere perseguir penalmente a gestores, tiene a muchos representantes del PP que han hecho un uso absolutamente inadecuado de los recursos públicos como ha sucedido en la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Madrid", ha sentenciado, por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras.
Incluso, ha ido más allá y ha asegurado que algunas de las instituciones más endeudadas per cápita de Europa están gobernadas por los 'populares'. "El primero que tendría que aplicarse la medicina es el PP", ha manifestado en declaraciones este miércoles a los periodistas en los pasillos del Parlamento catalán.
En este sentido, ha concluido que si el PP quiere garantizar un uso responsable del dinero público, que en primer lugar empiece por cumplir con los pagos a Cataluña, en alusión a partidas pendientes como la disposición adicional tercera del Estatut y el fondo de competitividad.
UNA IDEA "MUY FUERTE"
Para el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, la idea de plantear responsabilidades penales a los gestores públicos es "muy fuerte", de la que no se debe hablar "de momento". De hecho, ha cuestionado que la legislación dé para tanto, por lo que ha asegurado que es mejor "convencer" y "llegar a acuerdos" para controlar el déficit público antes que plantear sanciones legales.
Quien, por el contrario, no ha querido entrar este miércoles en valoraciones sobre el anuncio de Montoro ha sido la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, que ha dicho que valorará la propuesta cuando lo vea "plasmado" en una normativa.
"Estamos oyendo tantas valoraciones por parte de muchos dirigentes políticos que a mí me gustaría ver plasmada cualquier declaración de este tipo en la normativa y entonces haremos valoraciones", ha señalado Barcina en declaraciones a los medios al ser preguntada por esta cuestión.
Sobre este mismo asunto también ha sido cuestionado el consejero portavoz del Ejecutivo foral, Juan Luis Sánchez de Muniáin, que, en la misma línea de Barcina, ha señalado que "se trata de una previsión, no se conoce el contenido" y que "es de suponer que sean responsabilidades de una gravedad absoluta". En cualquier caso, ha insistido en que "se trata de una especulación" y que no conocen el "texto definitivo".
