El Gobierno perseguirá penalmente a los gestores públicos que no cumplan el techo de gasto

   MADRID, 18 (OTR/PRESS)

   El Gobierno de Mariano Rajoy tiene como prioridad cumplir con la cifra de déficit exigida por la Unión Europea y ya está poniendo todas las bases para que las comunidades no lastren ese objetivo. Este miércoles, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, adelantó que se modificarán las leyes para poder exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que gasten más de lo fijado en los presupuestos. Una medida que, según confirmó el secretario de Estado de Administraciones Públicas, ya se comunicó a las comunidades durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este martes.

   "Lo esencial son dos cosas: -decía Beteta este martes- que el gasto público tiene que disminuir y que, si es preciso, se dictarán leyes de carácter básico para que no puedan irse a métodos de elusión de controles administrativos y de reducción del déficit".

   Unas nuevas leyes sobre las que arrojaba un poco más de luz Cristóbal Montoro. El titular de Hacienda decía un día después en Cadena SER que el Gobierno estaría dispuesto a cambiar la legislación para exigir responsabilidades penales a todos aquellos que no cumplan con el techo de gasto exigido en los presupuestos.

   "Un gestor público, sea un político o un gestor nombrado por un político, no puede gastar más allá de los límites que tenga en los presupuestos", señalaba Montoro en la entrevista recogida por Europa Press. Se trata, por tanto, de una cuestión de justicia, pues, a su entender, los gestores públicos que "falsean" la contabilidad deberían afrontar las mismas responsabilidades que los gestores privados que cometen igual delito.

   Desde su punto de vista, si una comunidad quiere gastar más de lo que le exige el Gobierno puede hacerlo, pero buscando ingresos adicionales, no recurriendo a nuevas deudas que difícilmente podrán devolver.

   "Que se lo pida subiendo los impuestos a los ciudadanos y que los ciudadanos decidan después, en unas elecciones, si lo que ha hecho ese gobierno es correcto. Lo que no es nunca correcto son las facturas falsas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables, que es lo que está ocurriendo ahora", remató.

   CAMBIOS INMINENTES

   Sus declaraciones provocaron un gran revuelo, algo por lo que el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, se mostró sorprendido. En declaraciones a la Cámara Baja, el portavoz recordó que esta medida era un compromiso adquirido por su partido durante la campaña electoral.

   "Hay que exigir cada vez más responsabilidad a quienes administran el dinero de todos, sin descartar responsabilidades penales para aquellos que asuman gastos sin respaldo presupuestario", explicó. Esa posibilidad exigiría un cambio del Código Penal, ya que, como recordó, "no se pueden pedir responsabilidades penales al margen de lo que establezca" dicho Código.

   De cumplir con esas expectativas, el Gobierno estaría poniendo en marcha una medida de presión para garantizar la disciplina presupuestaria entre las comunidades. No obstante, entre sus últimos proyectos se encuentran también algunos 'salvavidas', que permitirán aliviar la delicada situación que atraviesa la administración local. Es el caso de la nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o la ampliación del plazo a diez años para devolver los anticipos a cuenta.

   Ambas iniciativas podrían ponerse en marcha "en pocas semanas", según confirmó Montoro en cadena SER. Sobre la línea ICO, el titular de Hacienda señaló que la intención del Gobierno es que los proveedores a los que las autonomías deben dinero puedan cobrar las facturas pendientes "antes de verano", un plazo ambicioso pero necesario, pues, en su opinión, esas deudas están produciendo graves prejuicios, en algunos casos incluso el cierre de negocios.

   También "en las próximas semanas" se aprobará la ampliación a diez años del plazo que tienen las comunidades para devolver al Estado la cantidad correspondiente de la liquidación de los anticipos a cuenta de los años 2008 y 2009 (unos 31.000 millones de euros). Otro soplo de aire fresco que dará una tregua a las finanzas autonómicas.

   RECORTE DE EMPRESAS PÚBLICAS

   Se trata, no obstante, de unos mecanismos que, en todo caso, estarán condicionados al compromiso de reducción del déficit por parte de todos los entes públicos. Estos deberán someterse a esa disciplina presupuestaria y a un severo "adelgazamiento" de sus estructuras.

   Dentro de esa 'dieta', estará la supresión de unas 400 empresas públicas durante este 2012. Una medida acordada en el CPFF de este martes y confirmada por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. "Hemos acordado que (esas empresas) estén liquidadas notarialmente a 31 de diciembre de este año", explicó.

   Antes de esa fecha, las comunidades deberán enviar "fichas normalizadas" con información sobre las deudas que tienen esas empresas públicas, "que lógicamente habrá que pagar", y sobre el personal al que emplean.

   Con esos datos, el Gobierno analizará todos los casos y el coste que tendría el cierre. "Sé que es algo duro, no es fácil, pero es algo imprescindible para el buen funcionamiento de la Hacienda Pública", defendía Beteta en declaraciones a Radio Nacional. "No se trata de que el Estado se salve solo, las comunidades y los ayuntamientos también son Estado. Todos somos Estado", remataba.

   En la misma línea se situaba el ministro de Economía y Hacienda, Cristóbal Montoro. El político también es consciente de la difícil situación que atraviesa España, pero ve "positivo" que todas las administraciones se comprometan con la reducción del déficit, porque eso ayuda a "despejar" el futuro y a generar confianza en el país. "Entendemos que la suerte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos es la suerte de todos, porque vamos todos en el mismo barco", concluyó.