Chaves ve "lógico" que la Junta siga su "hoja de ruta" sobre leyes de ayuntamientos y cumpla el calendario previsto

Actualizado: martes, 8 septiembre 2009 16:26

Afirma que ello no es incompatible con la previsión del Gobierno sobre el nuevo modelo de financiación local

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, consideró hoy "lógico" que la Junta de Andalucía esté siguiendo su propia "hoja de ruta" en relación con abordar el nuevo modelo competencial y de financiación de los ayuntamientos y que se desarrolle el calendario que tenía establecido en relación con las leyes de Régimen Local y de participación de las corporaciones locales en los tributos de la comunidad.

En rueda de prensa en Sevilla, Manuel Chaves quiso dejar claro que no hay "ninguna incompatibilidad" entre las actuaciones del Gobierno andaluz y las previsiones del Ejecutivo nacional sobre un nuevo modelo de financiación local que pueda entrar en vigor en 2011.

Según Chaves, el año 2010 va a ser clave para el Gobierno de la Nación en lo que respecta a la negociación de un nuevo sistema de financiación local que se espera entre en vigor en 2011.

Mientras culmina ese proceso, el Gobierno de la Nación va a seguir adoptando medidas para mejorar la situación financiera de los ayuntamientos, como, según apuntó, una dotación de 5.000 millones en el próximo año para un nuevo Fondo de inversión local para el empleo y la sostenibilidad, que financiará proyectos que contribuyan a la sostenibilidad económica, social y medioambiental y que estará en estrecha relación con la Ley de Economía Sostenible que el Gobierno enviará al Parlamento.

Asimismo, Chaves manifestó que la inyección de 13.000 millones para inversiones locales en los años 2009 y 2010 constituye una extraordinaria aportación financiera desde la administración estatal a los ayuntamientos españoles.

Para el vicepresidente tercero, el camino emprendido por Andalucía es doblemente ilustrativo, por un lado, en cuanto a la participación de los ayuntamientos en los tributos propios de la comunidad y, por otro, en lo que se refiere al necesario proceso de clarificación de competencias y descentralización de algunas de ellas.