MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Baltasar Garzón que archive la causa en la que investiga el denominado 'chivatazo' a ETA, que habría alertado sobre una operación contra el aparato de extorsión de la banda que se produjo el 4 de mayo de 2006, al no encontrar pruebas de que fuera ordenada por el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo.
En un escrito remitido al juez el pasado 1 de octubre, el fiscal Carlos Bautista solicita el "sobreseimiento" provisional de la causa, que estuvo secreta hasta el pasado domingo, al considerar que no existen datos que demuestren "de forma inexorable" la tesis de los investigadores, según la cual García Hidalgo habría ordenado que la información sobre la operación llegara al propietario del bar 'Faisán' de Irún, Joseba Elosúa, mediante una llamada que un responsable policial del País Vasco realizó a un inspector de Álava.
Tras la investigación, las tres personas mencionadas fueron citadas a declarar por Garzón como imputados. Sin embargo, la Fiscalía desmonta la tesis de la investigación, argumentando que las comunicaciones telefónicas "no han proporcionado ningún resultado positivo" y que esta tesis no ha sido avalada ni por la confesión de los imputados ni por la declaración como testigo de Elosúa.
Éste reconoció "el contenido de la conversación" investigada, aunque rechazó "de forma constante y tajante" que la mantuviera después de que el inspector de Vitoria, que se encontraba, según los investigadores, en el bar Faisán en el momento de los hechos, le entregara un teléfono móvil.
"Hasta en dos ocasiones la diligencia de reconocimiento ha sido baldía", recalca Bautista, quien añade que Elosúa tampoco reconoció al inspector cuando se le exhibió un álbum con su fotografía o cuando participó en una rueda de reconocimiento celebrada el 13 de enero de 2009.
En este punto, el fiscal señala que los investigadores no han tenido en cuenta que, "según refiere el propio Elosúa, la persona que le llama es la que controla directamente a los cuatro o cinco policías que le hacen seguimientos", lo cual descartaría a "todos los hasta ahora imputados" y "parece apuntar en otra dirección".
ESTABAN CON UN CONFIDENTE ETARRA
El escrito de la Fiscalía también pone de relieve la "versión exculpatoria coherente" aportada por las tres personas citadas como imputadas, que alegaron que en la fecha de la supuesta filtración el responsable policial iba a mantener una entrevista con "un confidente, miembro activo de la organización terrorista ETA en la fecha de los hechos, con el cual ha tenido relación y entrevistas reservadas a lo largo de toda su vida profesional".
Además, en esa entrevista era "necesario", según la Fiscalía, que el inspector de Vitoria, "persona no conocida en Guipúzcoa, le hiciera la cobertura de la entrevista con un previo reconocimiento de la frontera, hecho que justifica sobradamente los contactos telefónicos entre ambos funcionarios policiales". La existencia de este confidente, según añade el escrito, es "apoyada por dos testigos".
En relación con el inspector, la Fiscalía señala que entre los días 3 y 5 de mayo se encontraba "realizando un curso de conducción 4x4, coincidiendo con el encargo de ofrecer cobertura" que le había encomendado el responsable policial.
También considera que "la deducción incriminatoria es todavía más inconsistente" en el caso de García Hidalgo porque los contactos telefónicos con el responsable policial eran "algo habitual y frecuente por los cargos que desempeñaban ambos", máxime cuando se estaba ejecutando "una importante operación antiterrorista" y el responsable policial era "una persona de la absoluta confianza del director".
En otro punto del escrito, la Fiscalía niega la tesis de que la finalidad del 'chivatazo' era evitar las detenciones argumentando que éstas no se llevaron a cabo "en ese momento, pero no por indicaciones o sugerencias de altos mandos del Ministerio del Interior, sino al parecer por instrucciones de las autoridades del país vecino a los funcionarios franceses del equipo conjunto de investigación".
Además, recalca que las pesquisas no han podido determinar la identidad de los poseedores de las tarjetas prepago desde las que se realizaron las llamadas.
En este punto, Bautista expone a Garzón, quién desgajó esta causa del sumario sobre el aparato de extorsión de ETA en abril de 2008, que no existe "un enlace preciso y directo, según las reglas de la lógica y del criterio humano que, descartando cualquier otra posibilidad, conduzca de forma ineroxable y sin duda alguna a la tesis incriminatoria expuesta por los investigadores".
