CIEMPOZUELOS, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El arquitecto municipal del Ayuntamiento de Ciempozuelos, Antonio Enrique Vacas, declaró hoy ante el juez que tasó "a distancia" el local que ahora es la sede de Urbanismo del Ayuntamiento, propiedad de Esprode, y agregó que lo hizo teniendo en cuenta los precios fijados por varios promotores que construían en la zona, identificados como Antonio y Vicente García, según informaron hoy a Europa Press fuentes cercanas al PP.
El juez que instruye el caso de presunta corrupción urbanística de Ciempozuelos, Agustín Carretero, le preguntó Vacas -según las mismas fuentes- por su experiencia profesional, a lo que el arquitecto contestó que había ésa última tasación había realizado otras tres.
El local de 850 metros cuadrados que ahora ocupa el área de Urbanismo salió a relucir en la declaración que hizo el viernes el secretario accidental del Ayuntamiento, Eduardo Soria Romero, cuando explicó que se produjo una permuta entre este local, propiedad de la inmobiliaria Esprode, y el Ayuntamiento a cambio de derechos urbanísticos.
UN PRECIO INFERIOR AL DE MERCADO
Fuentes próximas al PP afirman que en su declaración Vacas contestó que había tasado el metro cuadrado en 1.500 euros "cuando el precio de mercado rondaba los 2.400". La legislación vigente señala, según las mismas fuentes, que "si el importe supera el 10 por ciento de los ingresos del Ayuntamiento debe ser aprobado en el Pleno y si es del 20 por la Comunidad de Madrid". En este caso fue aprobado en sesión plenaria.
Tras la declaración del arquitecto, el abogado del PSOE, Enrique Gómez, destacó sobre el local que fue objeto de convenio entre Esprode y el Ayuntamiento que Vacas "defendió su tasación sobre una fórmula que está prevista legalmente".
En la vista de hoy el arquitecto relató que antes de trabajar para el Ayuntamiento lo hizo en una empresa de servicios y que accedió a su plaza municipal a través de un concurso. Fuentes cercanas al Partido Popular recuerdan que comenzó a ejercer en el Ayuntamiento en mayo de 2005 siendo contratado por la entonces concejala de Personal, la actual alcaldesa Susana León.
Las mismas fuentes afirman que tanto el arquitecto municipal como la concejala socialista María Pérez García declararon hoy ante el juez que algunos documentos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) desaparecieron durante la primavera de 2005 y que el propio arquitecto elaboró un informe en el verano de ese año señalando la desaparición de entre 15 y 20 folios.
Este punto fue negado por el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Soria Romero, en la vista del viernes. Los papeles desaparecieron durante el trámite de audiencia, como es conocido el periodo de alegaciones. Dichos folios fueron recuperados a través de una copia.
