CiU incluye entre sus prioridades parlamentarias la reforma del Código Penal y el diseño de una política energética real

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de CiU en el Congreso y en el Senado anunciaron hoy las que serán sus prioridades en el nuevo periodo de sesiones que comenzará el próximo mes de febrero. Entre otras cosas, consideran necesario que antes de junio esté definitivamente aprobaba la reforma del Código Penal que permita contar con nuevos instrumentos para luchar contra la inseguridad ciudadana, así como la apertura de un debate que desemboque en el diseño de una verdadera política energética en España.

Así lo explicó el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, en una rueda de prensa que ofreció en la Cámara Baja acompañado por el portavoz de los nacionalistas catalanes en el Senado, Pere Macias, en un receso de la reunión que mantuvieron los dos grupos parlamentarios.

Para Duran, la inseguridad una de las materias más urgentes y para hacer frente con mayor eficacia es necesario abordar ya la reforma del Código Penal que el Gobierno envió a la Cámara. "El Congreso no tiene derecho a irse de vacaciones sin haberla aprobado definitivamente", enfatizó, reclamando que no se amplíe más el plazo para la presentación de enmiendas a este proyecto.

Tras mostrar su rechazo a que se despenalice la 'okupación' de viviendas, avanzó que, para luchar contra las bandas organizadas, CiU planteará que se modifique la tipificación de la asociación delictiva y que se incremente la pena prevista para el delito de tentativa de robo. También abogarán por una "mayor implicación del Ministerio Fiscal" en lo que hace referencia a este tipo de delitos, en el marco de la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal.

Por otra parte, Duran adelantó que su grupo presentará una proposición no de ley sobre energía para propiciar un "debate profundo" sobre este tipo, habida cuenta de que el hecho de que España tiene una dependencia del 85 por ciento en materia energética es un "problema" que requiere soluciones.

Tras denunciar que ni ahora, ni cuando gobernaba el PP, ha existido una verdadera política energética, explicó que CiU pedirá al Gobierno que constituya una comisión de expertos que estudie la demanda de energía de la sociedad y evalúe sus necesidades en los próximos años para, con ese diagnóstico, poner las bases de un nuevo Plan estratégico de respuesta energética a las necesidades de la sociedad española.

NO CERRAR LA PUERTA A LA ENERGIA NUCLEAR

En este punto, censuró al Gobierno por su filosofía de decir "de entrada no" al uso de la energía nuclear. A su juicio, no se puede descartar la posibilidad de una utilización mayor de este tipo de energía que ofrece garantías de seguridad y contribuye menos que otras al cambio climático. "No decimos de entrada sí, sino que esa posibilidad no de excluya", puntualizó.

En relación con la Ley de Dependencia, recordó que CiU no la apoyó tanto por motivos competenciales como porque no la considera eficaz, y avisó de que vigilará su aplicación para "evitar que se excluya a las clases medias". Con este propósito defenderán que, a efectos del copago, no se contabilice como patrimonio la vivienda habitual y, respecto a la financiación, insistirá en reclamar al Gobierno que destine a la misma una parte del superávit del Estado.

Duran también aprovechó para mostrar su rechazo a los baremos establecidos en el Consejo Territorial de la Dependencia porque, en su opinión, "no resuelven los problemas de la discapacidad intelectual y la salud mental".

FOMENTO Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.

En materia de fomento, Duran anunció que presentarán una proposición no de ley en el Congreso relativa al paso del AVE por la ciudad de Barcelona. Además, avanzó que solicitarán la comparencia del vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, para que dé explicaciones en torno al nuevo sistema de financiación autonómica.

Así, volvió a "urgir al Gobierno" para que se ponga "manos a la obra" y que haga lo que sea necesario para que se pueda disponer, "cuando antes mejor", de un nuevo sistema de financiación de las autonomías, sin agotar los plazos previstos en el nuevo Estatuto catalán.