MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Catalán (CiU) en el Congreso de los Diputados ha presentado una serie de 19 enmiendas parciales al Proyecto de Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, en la que incluye, entre otras propuestas, la prohibición de las minas antipersona y las bombas de racimo, un aumento de los controles en materia de comercio de armas y que el Parlamento emita dictámenes con recomendaciones sobre operaciones reguladas por el Gobierno en este ámbito.
Según informó la formación nacionalista en un comunicado, CiU estima que el texto "debe incorporar las prácticas de los países más avanzados en control de armas, como Noruega y Canadá, y la prohibición de las bombas racimo".
El diputado de CiU, Carles Campuzano, subrayó en el comunicado que "el contexto internacional justifica un mayor control de las armas y una mayor transparencia en el comercio de armas" por parte del Parlamento y la opinión pública.
De la serie de 19 enmiendas presentadas, CiU hizo especial hincapié en la importancia de prohibir las bombas de racimo. "CiU va a defender la modificación de la ley de minas antipersonal para la prohibición total de las minas antipersonal y de armas de efecto similar, por coherencia con las resoluciones aprobadas en el Parlamento Europeo, por coherencia con la Declaración de Oslo y por coherencia con las distintas iniciativas que en este sentido ha presentado CiU en las últimas legislaturas, entre ellas, una Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Defensa en octubre de 2002", argumentó la formación nacionalista.
CiU propone que el Gobierno enviará semestralmente al Congreso de los Diputados "la información detallada sobre las exportaciones de material de defensa y de doble uso" y que la Comisión de Defensa de la Cámara baja emita "un dictamen sobre la información recibida (del Ejecutivo) con recomendaciones de cara al año siguiente".
También plantea que el principio de extraterritorialidad sea de aplicación "a cualquier persona de nacionalidad española o residente español que opere en el extranjero" y que su cumpla la legislación existente en la UE que afecta a "material que puede ser utilizado en supuestos de tortura o de pena de muerte". Por último, propone que el Gobierno apruebe un reglamento para conceder certificados de "último destino y uso final" y que lo remita al Congreso de los Diputados para su conocimiento.
