Colectivos antiparquímetros temen que el SER se extienda a 500.000 madrileños más en 2009, de no ejecutarse la sentencia

Actualizado: martes, 21 octubre 2008 14:46

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de colectivos antiparquímetros y movimientos vecinales se concentraron hoy en Cibeles para anunciar la manifestación que el próximo jueves recorrerá el corazón de la capital exigiendo el cumplimiento de la sentencia que declara nulos algunos de los parquímetros denunciando además que, de no ejecutarse, el Ayuntamiento podría extender el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a 500.000 madrileños más el próximo año.

Vestidos como 'hombres-anuncio', prohibidos con la nueva Ordenanza municipal de Publicidad, los representantes de los colectivos antiparquímetros mostraron pancartas con la imagen del ya famoso 'Ruiz-Vampirón' en las que se podía leer frases como 'Vendo parquímetros por orden judicial'. El portavoz de la asociación de vecinos de Carabanchel Alto, Pedro Casas, explicó que la manifestación comenzará a las 19.00 horas el próximo jueves en la Puerta del Sol para desembocar en Cibeles, sede de la Alcaldía de Madrid.

"Gallardón necesita recaudar dinero como sea y lo hace con la ampliación de los parquímetros aunque suponga la ruina del pequeño comercio", sentenció Casas, que acusó al alcalde de Madrid de llevar al Ayuntamiento a la "bancarrota" por "obras faraónicas como el traslado al Palacio de Cibeles, que costó 400 millones". A ello sumó la aparición de nuevas tasas, como la "resucitada" de basuras.

Lo que los vecinos demandan es que el Ayuntamiento "deje de multar a diestro y siniestro" hasta que la sentencia de los parquímetros se resuelva por su repercusión en el bolsillo de los madrileños, especialmente en tiempos de crisis. "Nos amarga la vida con multas y denuncias cuando él (Alberto Ruiz-Gallardón) se sube el sueldo un 11 por ciento", declaró Jesús Otero, integrante de los colectivos antiparquímetros.

Los colectivos antiparquímetros se manifestarán para exigir el cumplimiento de la sentencia que declara nulos parte de los parquímetros instalados en distintos puntos de la capital, como Arganzuela, Ventilla, Barrio del Pilar así como en los cascos históricos de Fuencarral, Hortaleza, Carabanchel Bajo y Alto.

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 26 declara "nulos por no ser conforme a derecho" a algunos de los parquímetros instalados en la capital. La sentencia, que será recurrida por el equipo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, establece que el acto de instalación de los parquímetros es nula, esto es, que jurídicamente es como que "nunca estuvieron en marcha".

Según la sentencia, la instalación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en algunas zonas de la capital debe ser anulada porque se adjudicó su gestión a algunas concesionarias antes de que se hubiera redactado la pertinente Ordenanza, y además este texto normativo no pasó nunca por el Pleno para su aprobación, sino que resultó de un decreto firmado por Calvo. Ambas circunstancias plantean un error de forma que el juzgado resuelve declarando nula la instalación de los parquímetros en determinadas áreas.

El Gobierno municipal considera que el juzgado ha hecho un matiz interpretativo que lleva a considerar que, puesto que en este caso se produjo una ampliación del ámbito geográfico de la zona azul, debió ser una disposición de carácter normativo la que lo regulara, es decir, una Ordenanza.

La sentencia considera que la vigente Ordenanza de Movilidad es conforme a derecho y que el artículo impugnado por los recurrentes atribuye la competencia al concejal de Seguridad y Movilidad, Pedro Calvo, para fijar los límites de la zona de estacionamiento regulado. Sin embargo, entiende que debe distinguirse entre delimitar y ampliar y es este matiz es el que le lleva a considerar que, puesto que en este caso se produjo una ampliación del ámbito geográfico de la Zona, debió ser una disposición de carácter normativo, una ordenanza, la que lo regulara.

El Ejecutivo municipal mantiene el convencimiento de que se cumplieron los requisitos materiales y formales exigidos por el ordenamiento jurídico vigente, motivo que sustenta el recurso defendido por el equipo de Ruiz-Gallardón.