MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La oposición política en la Asamblea de Madrid, PSOE e Izquierda Unida, se mostró hoy muy preocupada por el desarrollo de la primera sesión de la comisión de investigación de la presunta trama de espionaje a políticos en la Comunidad, a la luz de la incertidumbre respecto a las normas que regirán las comparecencias y sus mecanismos de funcionamiento.
La portavoz del PSOE, Maru Menéndez, denunció que el órgano puede convertirse en una "comisión tapadera", mientras que su homóloga de Izquierda Unida, Inés Sabanés, previó un "verdadero escándalo político", en el caso de que los 'populares' utilicen su mayoría absoluta para vetar la declaración de ciertas personas e impedir una prolongación de la comisión más allá del 28 de febrero.
Y es que la cuestión del límite temporal de los trabajos es uno de los elementos fundamentales reclamados por la oposición en el arranque de esta comisión que tiene por "objeto de estudiar y analizar las responsabilidades políticas que pudieran derivar de la presunta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid".
Lo aprobado por la Mesa es que los nueve miembros de la comisión (5 del PP, 3 del PSOE y 1 de IU) se reunirán los lunes y los miércoles en sesiones de mañana y tarde, y los viernes sólo por la mañana, hasta el 28 de febrero.
Si finalmente no se ampliara un mes más, la comisión quedaría restringida a tres jornadas de debate y dos mañanas, puesto que la última semana de febrero no es hábil. Por este motivo, el PSOE e IU pedirán habilitar la última semana de este mes, para que puedan desarrollarse los trabajos, al tiempo que reclaman ya desde hoy que se cuente con el mes de marzo para llamar a los comparecientes elegidos de la lista de 35 reclamados hasta hoy.
"Hemos conseguido flexibilizar las condiciones de la comisión respecto a las preguntas, pero hay que flexibilizar también el plazo, porque nos podríamos encontrar con 3, 6 ó 7 días de comisión de investigación. Ni siquiera con la prórroga de finales de marzo, vamos a tener el tiempo que necesitamos", lamentó Menéndez en rueda de prensa.
"No soy optimista. Es imprescindible habilitar la última semana de febrero porque entre que empecemos a recibir la documentación y ver a los comparecientes, (la comisión) no serviría si el tiempo se acota tanto", añadió.
Por su parte, Sabanés dijo que hay "indicadores de que el PP no tiene voluntad de empezar a trabajar con todas las consecuencias", por lo que deseó que el lunes la Mesa de la comisión comience ya a calificar las comparecencias y documentos para que el próximo viernes 13 de febrero puedan comparecer los primeros personajes.
Su solicitud será que los primeros en testificar sea la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, por "criterio político"; el ex consejero de Justicia Alfredo Prada que "en teoría ha sido sometido a investigación", y Juan Carlos Fernández, ex colaborador de Prada protagonista de la nunca aclarada desaparición de su ordenador cuatro días después de la destitución del hoy responsable de política exterior del PP nacional.
Pese a las preocupaciones de la izquierda, el portavoz 'popular', David Pérez, dijo que los problemas de tiempo son "accesorios sobre el fondo de la cuestión" y subrayó que el PP tiene "la voluntad de contribuir siempre al correcto desarrollo de los trabajos de la comisión" por lo que no pondrá problemas para que se amplíe el plazo de los trabajos.
FUNCIONAMIENTO
Durante la sesión constitutiva celebrada hoy, los tres grupos designaron como presidente al diputado popular Benjamín Martín Vasco, tras ser rechazada la propuesta del PSOE de que recayera en la portavoz de IU. La vicepresidenta de la Cámara, Cristina Cifuentes (PP), rechazó esta posibilidad por considerarla una "voluntad política" y no corresponder con las reglas establecidas por la Junta de Portavoces en esta Legislatura.
Una decisión que no gustó entre la oposición y creó los primeros rifi-rafes en una comisión que se prevé, si sigue en la línea de hoy, 'a cara de perro'. Sabanés dijo que las propuestas de la presidencia de la comisión "están vinculadas a un criterio político", por lo que el PP podría haberlo aceptado "por tradición democrática" una presidencia de izquierdas, con el "mismo reglamento".
Dado que no fue aceptada su candidatura, procedió a retirarla, con el fin de que Encarnación Moya, del PSOE, obtuviera la vicepresidencia. Se decidió además que será secretaria de la comisión la 'popular' Gádor Ongil. Las discusiones serán públicas a propuesta del PP y acuerdo de los tres partidos.
COMPARECIENTES
A falta de que PP dé a conocer sus peticiones de comparecientes, entre los reclamos de la oposición está la cúpula del PP de Madrid, e incluso del presidente del PP, Mariano Rajoy, a petición de IU. Quién será llamado finalmente corresponderá a la Mesa de la Comisión y será decidido, en caso de que sea necesario someterlo a votación, de acuerdo con el voto ponderado de cada grupo, por lo que PP tendrá mayoría.
No obstante, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez, afirmó hoy que su partido admitirá a todas aquellas personas "que tengan algo que aportar para esclarecer el objetivo de que se conozca la verdad y llegar al fondo de la verdad".
Y aunque aseguró que su política "no es la de vetos", indicó que su grupo todavía no tiene establecida la lista de los comparecientes a los que quiere pedir explicaciones, pero su criterio respecto a los que proponga la oposición será el de admitir a los que puedan arrojar "luz donde hay calumnias". Los comparecientes tendrán obligación de acudir a la comisión en el caso de que sean llamados.
No obstante, en la sesión constitutiva de la comisión se reseñó que el compareciente no está obligado a declarar sobre su ideología o creencias y tiene derecho a que la Asamblea tome medidas para su preservar derecho al honor y la imagen. Además, tiene derecho a garantías constitucionales de secreto profesional y cláusula de conciencia, y de no declarar contra sí mismo, ni a no confesarse culpable de ningún delito penal o administrativo y derecho a presunción de inocencia.
Por su parte, la portavoz socialista pidió también que los comparecientes que ya hayan acudido a la comisión puedan volver a ser llamados a comparecer en el caso de que se considere oportuno en virtud de las informaciones conocidas hasta el momento.
PLAZOS
La petición de la documentación fue uno de los puntos conflictivos en la sesión constitutiva del órgano, ya que la Presidencia fijó en las 12.00 horas del miércoles 11 de febrero la fecha límite para reclamar la documentación necesaria para llevar a cabo los trabajos, y en cinco días después de haber recibido la última documentación requerida, el plazo de finalización de petición de comparecencias. No obstante, el periodo podrá ampliarse en el caso de que sea pertinente alguna información o compareciente.
El modelo de comparecencia también estuvo a debate. La propuesta de la Presidencia apostaba por un modelo al estilo de las comisiones de control ordinario, que no permiten la repregunta a los grupos parlamentarios y que conlleva una diferencia notable en el tiempo asignado a las personas requeridas y a los diputados, de manera que hace que la comisión esté formada por una serie de discursos, "monólogos" según Menéndez.
No obstante, las portavoces socialista y de Izquierda Unida reclamaron que constara en el acta de la sesión su solicitud de que se pudiera repreguntar y de que el tiempo de las comparecencias varíe y pueda llegar a extenderse en el caso de que una comparecencia merezca más atención. No obstante es la Mesa de la comisión la que deberá aclarar estos extremos.