MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El comisario José Luis Olivera, que fue jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ha admitido que el comisario jubilado José Manuel Villarejo le habló de la existencia de una operación para localizar dinero en el extranjero que supuestamente habría escondido Luis Bárcenas, negando asimismo su participación en el presunto espionaje al extesorero del PP.
Lo ha dicho este lunes durante su declaración como acusado en el juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre el presunto operativo parapolicial orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior para robar información a Bárcenas sobre dirigentes del PP y obstaculizar, supuestamente de esa manera, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.
Olivera, que ha respondido a preguntas de la Fiscalía, su defensa y el tribunal, ha sido el último acusado del juicio en declarar, después de que en la sesión de este lunes lo hayan hecho también los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano, que, igual que el propio Olivera, han negado su implicación en el presunto operativo parapolicial.
El exjefe de la UDEF ha reconocido la veracidad de una comida organizada en 2017 en la que participó él mismo, el comisario Villarejo y el empresario Adrián de la Joya. "(Villarejo) me dijo que él había participado de una operación encargada para localizar, en el entorno de Bárcenas, que si dinero, documentos o cuestiones probatorias, y que habían captado al chófer de Bárcenas, que colaboraba con ellos", ha subrayado.
FALTABAN "27 MILLONES DE EUROS"
En concreto, Olivera, jefe de la UDEF entre 2005 y 2012, ha señalado que el dinero de Bárcenas en el extranjero "era una preocupación para la Policía y para España". "Lo que podía entender es que se buscaba lo que faltaba, 27 millones de euros (de Bárcenas)", ha indicado, explicando que la fortuna del extesorero había sido tasada en 47 millones de euros y sólo habían sido hallados 21.
Olivera, que también fue jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), ha expresado posteriormente que Villarejo solía "atribuirse cosas que no ha hecho" añadiendo que no descarta que el comisario jubilado hubiera manipulado el audio de la conversación.
Más tarde, el comisario ha pasado a relatar su relación con el inspector jefe Manuel Morocho, que fue investigador policial del 'caso Gürtel'. Olivera ha declarado que después de salir de la UDEF, Morocho le trasladó en alguna ocasión que "no se sentía muy a gusto", que "estaba muy nervioso" y sentía "desasosiego", y que, al mismo tiempo, le habían ofrecido un puesto de trabajo en Lisboa (Portugal).
En su declaración como testigo en este juicio, Morocho dijo al tribunal encargado del juicio que hubo una "operación" para desmantelar la unidad investigadora de 'Gürtel' que dirigía, y que recibió presiones para retirar el nombre de Rajoy en los informes sobre el caso. Además, durante su declaración como testigo en instrucción, explicó que el puesto que le ofrecieron en Lisboa buscaba apartarle de las pesquisas de 'Gürtel'.
"Yo le animé a que fuera (a Lisboa) por el estado en el que estaba. Yo no le podía dar ese puesto de trabajo, es un puesto que no depende de mí, es de la Dirección General de la Policía (DGP)", ha expresado Olivera.
"NINGÚN CONOCIMIENTO" DE "NINGUNA OPERACIÓN"
Previamente, Fuentes Gago, que sólo ha respondido a preguntas de su abogada y el tribunal, ha declarado que "jamás" conoció la existencia de 'Kitchen' ni la captación del entonces chófer de Bárcenas para la presunta trama. "No tengo ningún conocimiento de ninguna operación en ese entorno", ha zanjado.
El inspector ha asegurado que en el primer semestre de 2013 estuvo en Madrid trabajando como presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), pero que ese mismo año volvió al puesto de trabajo que tenía antes, de jefe de sección de la Policía Judicial de Cantabria, hasta que en enero de 2014 fue nombrado letrado sustituto de la Abogacía del Estado, también en la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.
Al ser preguntado sobre si supo de las vigilancias a la mujer de Bárcenas, Fuentes Gago ha declarado que en 2013 se encontraba en Cantabria y que no tuvo "ningún conocimiento de esa operación".
Fuentes Gago ha manifestado que entre 2014 y 2015 prestó servicio en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, entonces liderada por Eugenio Pino, también acusado en el juicio. Fue comisionado allí para resolver una "conflictividad sindical" que Pino "no podía atender".
"JAMÁS HE OÍDO HABLAR" DE 'KITCHEN'
Por su parte, Bonifacio Díez Sevillano ha declarado que se encontraba trabajando en la Agregaduría de Interior del Principado de Andorra entre 2008 y 2013, motivo por el que ha subrayado que no tuvo conocimiento de los hechos investigados, en tanto que coincidieron con su estancia en el extranjero.
Díez Sevillano ha aseverado que "jamás" escuchó al DAO "ni a ninguno de los compañeros" hablar "nada del cocinero", como tampoco sobre las vigilancias y seguimientos a Rosalía Iglesias. "Eran hechos que me eran ajenos totalmente", ha precisado.
"Jamás he oído hablar (de 'Kitchen') hasta que se me entregó parte del sumario y me enteré. Mientras ejercía mi trabajo jamás escuché, ni al DAO ni a ninguno que mencionara nada de esto. Eran hechos que eran ajenos. No he tenido participación en ninguno de estos hechos", ha finalizado.
LA FISCALÍA NO ACUSÓ A NINGUNO DE ELLOS
La Fiscalía Anticorrupción solicitó el archivo de la causa para los tres cargos policiales que han declarado este lunes al no apreciar suficientes indicios de delito.
Mientras, la familia Bárcenas, que ejerce la acusación particular, reclamaba 41 años de cárcel para los tres, mientras que el PSOE y Podemos, que ejercen la acusación popular, abogaban por penas que van desde los 32 años y cuatro meses hasta los 39 años de prisión.
En las conclusiones definitivas, tanto las acusaciones populares como la familia Bárcenas han retirado las acusaciones contra Fuentes Gago y Díez Sevillano, por lo que han dejado de tener la condición de acusados y se han quedado fuera del juicio oral.
Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro Jorge Fernández Díaz, su ex 'número dos' Francisco Martínez, el exDAO Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo, mientras que eleva la petición hasta los 19 años de prisión para el comisario jubilado Villarejo. Reclama, asimismo, 12 años y cinco meses de cárcel para Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas y dos años y medio para Marcelino Martín Blas el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos.
No se ha sentado en el banquillo el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, pieza clave en el juicio por haber liderado la unidad que llevó a cabo los seguimientos a la mujer de Bárcenas. El exmando policial fue exonerado por "incapacidad mental sobrevenida" tras sufrir un ictus en 2022.