MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó esta tarde, con la única oposición del PP y el PNV, la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, con la que se pretende agilizar la tramitación de los asuntos competencia del alto tribunal y reordenar la dedicación que dedica a cada una de sus funciones.
Durante el debate de hoy, los grupos parlamentarios PSOE, IU-ICV y CiU acordaron una enmienda a la reforma de la ley del TC que permitirá a su presidenta, María Emilia Casas, cuyo mandato concluye en junio, continuar en el cargo hasta la próxima renovación de magistrados, prevista a partir de diciembre.
La enmienda, que no contó con el voto a favor del PP, señala que "si el mandato de tres años para el que fueron designados como presidente y vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados".
El portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Ramón Jáuregui, se mostró favorable a la propuesta y aseguró, en este sentido, que resulta "conveniente que los miembros del Constitucional que eligen a su presidente vayan a ser presididos por él".
MAGISTRADOS DESIGNADOS POR EL SENADO
En su intervención, Jáuregui también se pronunció sobre la enmienda promovida por los grupos parlamentarios de CiU, ERC y PNV, aprobada en la fase de ponencia, para que la cuota de magistrados del TC designados por el Senado sean elegidos entre los candidatos propuestos por los Parlamentos autonómicos.
En su opinión, la participación de las comunidades a la hora de proponer candidatos es "congruente con la naturaleza del TC, con nuestro modelo autonómico, con el papel del Senado y con los estatutos de autonomía aprobados". Subrayó que se trata de "una manera de reforzar el modelo autonómico" y rechazó que ello implique "la ruptura del modelo constitucional", tal y como denunció el portavoz del PP en la Comisión, Ignacio Astarloa.
A este respecto, Astarloa se mostró contrario a que los magistrados propuestos por el Senado sean elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, lo que consideró "una vieja reivindicación nacional hoy satisfecha" que "en modo alguno puede hacerse en una ley orgánica".
"Estamos ante una pretensión que desnaturaliza la naturaleza de un órgano del Estado", criticó, al tiempo que calificó el proyecto de reforma como "la ley del Tribunal Constitucional del tripartito" y la "ley Casas", en referencia a la incorporación de la enmienda que afianzará la continuidad de la presidenta al frente del alto tribunal.
Astarloa volvió a defender su idea de que se pueda interponer un recurso previo ante reformas estatutarias en curso, pero Jáuregui replicó que "no sería justo" incorporar esta medida en pleno proceso de reformas. "No consideramos adecuado la incorporación de este recurso porque el propio Constitucional reconoció la conveniencia de eliminar esta facultad de una minoría que extralimitaba el funcionamiento del alto tribunal para enjuiciar leyes que no habían finalizado su tramitación ", recordó.
En su opinión de Astarloa, la sesión de hoy "contribuye de forma lamentable a una línea de acontecimientos de esta legislatura de ruptura de consensos básicos". Señaló que la reforma de la ley del Tribunal Constitucional constituye "la primera plasmación del efecto Bermejo", en alusión al nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que, según dijo, "no viene a consumar consensos, sino a destrozarlos".
RECURSO DE AMPARO
Asimismo, el portavoz popular mostró su preocupación en la regulación que prevé la ley sobre el recurso de amparo, al asegurar que supondría "un retroceso en el sistema de garantías de los derechos fundamentales". Además, criticó que no se contemplen reformas complementarias para evitar la merma de estos derechos.
En un momento de su intervención, Astarloa hizo hincapié también en que la reforma de la ley omite la existencia de discrepancias entre el Tribunal Supremo y el Constitucional y aseguró que se limita a consolidar los privilegios del TC.
Por su parte, el portavoz de IU-ICV en la Comisión, Gaspar Llamazares, defendió la necesidad de incorporar una regulación del recurso de amparo para evitar el colapso al que hoy se enfrenta el alto tribunal ante su incremento. Pese a que se mostró favorable a la reforma de la ley, subrayó que ésta "podía y debía ser más ambiciosa ante las nuevas realidades".
VALORACIÓN DE LOS GRUPOS
La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Begoña Lasagabaster, valoró positivamente el proyecto de reforma de la ley orgánica del TC, aunque reconoció que se podía avanzar más con las enmiendas presentadas por su grupo, en referencia a la relativa sobre la posibilidad de revisión de las normas forales ante el alto tribunal.
Esta idea también fue defendida por el diputado del PNV, Aitor Esteban, quien subrayó que existe un consenso entre todas las fuerzas políticas vascas sobre esta cuestión y criticó al PSOE por romper el acuerdo que había alcanzado con su grupo.
Por su parte, el portavoz de CiU, Jordí Jané, se mostró favorable a "la intención inicial" de la reforma de la ley, aunque quiso matizar algunas consideraciones al respecto, como que las comunidades puedan presentar un conflicto negativo de competencias.
En su intervención, el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Agustí Cerdà, defendió que el Senado pueda proponer candidatos elegidos por las comunidades para "buscar un equilibrio entre el Estado y las autonomías". Desde su punto de vista, se trata de dar "una misma igualdad y equidad a las comunidades autónomas".
CAUSAS DE RECUSACIÓN
Por otro lado, el PSOE y el PP rechazaron una enmienda promovida por IU-ICV que establecía las causas para recusar a los magistrados del alto tribunal, con el fin de evitar casos como la recusación de Pablo Pérez Tremps para estudiar los recursos de inconstitucionalidad del nuevo Estatuto catalán.
En concreto, la enmienda señala, entre otros aspectos, que "no se considera una actuación en la causa la formulación de una opinión científica o doctrinal respecto a una cuestión jurídica que es relevante para el proceso".
