Una comisión internacional integrada por un magistrado emérito del TS remitió al TEDH un informe contrario a 'la Parot'

EUROPA PRESS

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Internacional de Juristas, de la que forma parte el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, remitió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) un informe contrario a la denominada 'doctrina Parot', que mañana será revisada tras un recurso de la etarra Inés del Río Prada.

Este organismo internacional de juristas se dirigió el pasado mes de febrero al tribunal de Estrasburgo en calidad de 'amicus curiae', una figura utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.

Según ha explicado el propio Martín Pallín a Europa Press, fue el Consejo de Europa el que pidió a la Comisión Internacional de Juristas su opinión sobre el caso de Inés del Río, que podría implicar la derogación de la doctrina Parot, aplicada en España desde 2006 y avalada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, Martín Pallín, entonces miembro del Supremo, emitió un voto particular junto a los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez y Joaquín Jiménez contrario a la aplicación de esta medida adoptada por primera vez en relación con el terrorista Henri Parot, condenado a casi 5.000 años de prisión por su participación en numerosos atentados.

RECHAZA EL RECURSO DEL GOBIERNO

Según ha explicado a Europa Press, el informe de la Comisión Internacional de Juristas sigue la misma línea que su voto particular, contrario a 'la Parot', y avala la decisión que ya adoptó la Sala Tercera del TEDH, dando el visto bueno al recurso de Inés del Río.

Martín Pallín ha apuntado que el informe de la Comisión Internacional de Juristas recuerda que el artículo 7 del Convenio Europeo recoge que los tribunales no podrán imponer a nadie una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción fue cometida.

La primera sentencia del tribunal de Estrasburgo obligó a España a la excarcelación inmediata de la etarra e impuso al Estado una indemnización de 30.000 años, una decisión que fue recurrida por el Gobierno y que será sobre la que mañana dirimirá la Gran Sala.