El Ayuntamiento tardará "al menos" medio año en evaluar si la recalificación se ajusta al PGOU
MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid pretende construir una torre de 30 plantas y cuatro sótanos en los terrenos que actualmente ocupan los juzgados de Plaza de Castilla, según informó hoy durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, indicando además que este inmueble tendría un uso terciario.
Así, la propuesta presentada por el equipo de Esperanza Aguirre se concreta en que "se concentre en una parcela de 3.000 metros cuadrados, una edificabilidad de 43.145 metros cuadrados para construir un edificio de usos terciarios de 30 plantas y cuatro sótanos", con usos terciarios, sin residencial en la parcela de plaza de Castilla, número 1.
En concreto, de los dos edificios actuales uno se destinaría a la cesión obligatoria al Ayuntamiento que se debe hacer siempre que hay una recalificación con aprovechamiento lucrativo y el otro sería sustituido por esta nueva construcción, que superaría en altura a las torres Kio.
"Esto es lo solicitado, pero esto tiene un expediente más extenso porque hay que estudiar los aparcamientos, las zonas verdes, las cesiones obligatorias... y naturalmente ahora estamos viendo qué informes complementarios hay que pedir a la Comunidad y cuáles podemos hacer desde nuestros departamentos para poder valorar directamente la propuesta", explicó el primer edil.
Y es que el Ejecutivo autonómico está pidiendo un aumento de la edificabilidad de los aprovechamientos lucrativos y cesiones para pasar de los 39.000 metros cuadrados actualmente edificados hasta 62.000 metros cuadrados, así como que la parte de edificabilidad sobre la que quieren tener aprovechamiento lucrativo (43.145 metros cuadrados) sean en un nuevo edificio con sólo usos terciarios, sin residenciales.
MÍNIMO SEIS MESES
Todo este proceso tardará "al menos" en ser completado, ya que el Consistorio debe determinar si la solicitud se ajusta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, por tanto, se puede conceder, según indicó un portavoz municipal a Europa Press, indicando que si el cambio de calificación se ajustara al PGOU --documento que estipula la calificación de los suelos del municipio acorde a sus necesidades--, la decisión debería pasar por la Junta de Gobierno municipal, por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional.
Los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla serán una de las instituciones que se trasladarán al macrocomplejo de la Justicia que se está levantando en Valdebebas, y con esta operación Aguirre pretende obtener los recursos necesarios para este proyecto. Tal y como recordó el primer edil, "toda la operación es de la Comunidad de Madrid como consecuencia de su intención magnífica de trasladar toda la actividad judicial a Valdebebas".
Además, Gallardón indicó que también se han presentado solicitudes de recalificación de los inmuebles ubicados en las calles Capitán Haya, 66 y Pradillo, 66, las cuales también están siendo estudiadas por el área de Gobierno de Urbanismo.
Aparte de estas sedes, el Consistorio no habría recibido de momento ninguna otra petición por parte de administraciones como el Ministerio de Justicia, algunas de cuyas instituciones también se mudarán al Campus de la Justicia. Gallardón explicó esto indicando que "algunas sedes en el centro de Madrid no están sobre terrenos dotacionales, sino terciarios".
"Era suelo alquilado por los ministerios, antes de las transferencias, o por la propia Comunidad de Madrid que tiene carácter terciario, no dotacional. Una vez comprado, estas administraciones pueden disponer libremente de él, no necesitan el permiso del ayuntamiento si tienen un uso terciario, pueden venderlo cuando lo desalojen o hacer operaciones terciarias sin permiso municipal", indicó el regidor.
Y es que la autorización municipal es sólo pertinente "cuando el suelo es dotacional público --lo que indica que sólo puede ser usado para servicios a los ciudadanos prestados por administraciones públicas--, y si se quiere obtener un aprovechamiento lucrativo de él", ya que incluso si el suelo fuera dotacional y se pretendiera vender a otra administración pública "tampoco haría falta permiso".
"Hace falta autorización del Ayuntamiento cuando se quiere convertir en producto de mercado lo que tiene por Ley una reserva para ser usado sólo por la administración, pero no todas las sedes judiciales tienen esta calificación", concluyó Gallardón, apostillando que "este asunto exige, antes de opiniones personales, estudiar directamente las afecciones sobre la ciudad, el entorno, el trafico, el transporte, el medio ambiente... y, en función de eso, decidir sin ser sometido (el tema) a improvisación".
