El concejal de Bienestar informará en el ayuntamiento de Sevilla sobre la familia implicada en la muerte del celador

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comparecencia del concejal de Bienestar Social, Antonio Rodríguez Galindo, para dar cuenta de la actuación del Ayuntamiento de Sevilla en el caso de la familia chabolista implicada en la muerte del celador Gaspar G. centrará el debate del pleno convocado para mañana, dado que los grupos de oposición, PP y PA, han solicitado a la presidenta del pleno, Aurora Atoche, que no reserve la potestad de realizar preguntas al Gobierno municipal.

Tanto el Grupo municipal del PP como el Grupo andalucista han elevado a la presidenta del pleno sendos escritos solicitando que Rodríguez Galindo se someta a las preguntas de los grupos de oposición, que hoy denunciaron que la Junta de Portavoces acordó acotar la intervención del concejal de Bienestar Social al Gobierno local.

En ese sentido, el PP aludió en su escrito al artículo 77 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, en el que figura que los comparecientes responderán "a las preguntas que le formulen los diversos grupos políticos de la Corporación". Igualmente, el PP se remitió al artículo 105.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, que recoge la misma idea.

El PA, por su parte, elevó a la presidenta del pleno una misiva haciendo referencia a ambos reglamentos y advirtió de que la decisión de no permitir a los grupos de la oposición formular preguntas a Rodríguez Galindo parte de una interpretación "errónea e injusta" de la normativa y es "una vulneración de los principios elementales de participación política".

El pleno debatirá también el nombramiento de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana del distrito Casco Antiguo, pues la propia Junta de Portavoces suspendió recientemente el proceso electivo convocado para designar a los vocales sociales del distrito en su Junta Municipal a tenor de la desaparición de tres folios correspondientes a la relación de entidades admitidas en el Consejo de Participación Ciudadana.

Otro de los puntos polémicos será el reconocimiento de un nuevo crédito extraordinario para afrontar facturas relativas a la edición de la Bienal de Flamenco celebrada en 2004, pues la oposición había denunciado que los 447.000 euros que suman estas nuevas facturas suponen una "desviación" de fondos cometida por el director de aquella edición de la Bienal, Manuel Copete.