SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, confirmó hoy que la promoción de los fiscales en las comunidades autónomas con lengua propia estará "ligada" al dominio de éstas, de modo que su conocimiento se considerará un "mérito preferente" para acceder a cualquier cargo discrecional.
Así se recoge en el borrador para la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que su departamento remitió ayer mismo al Ministerio de Justicia, una propuesta que para Conde-Pumpido supone "un paso de gigante" para "acomodar definitivamente" el funcionamiento de la Fiscalía a la España "descentralizada".
En su intervención tras firmar un convenio de promoción del gallego en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) con el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, el fiscal general recordó que el organismo que dirige pertenece al Estado de las Autonomías y, en consecuencia, debe ser "sensible a la riqueza que representa el tesoro plural de las lenguas propias de las comunidades".
En consecuencia, abogó por "reflejar adecuadamente esa realidad territorial" en las administraciones públicas para "consolidarlas" ya que, a su juicio, las instituciones "se legitiman cuando son útiles, y sólo son útiles cuando el ciudadano las siente como próximas".
En este sentido, proclamó que garantizar el entendimiento con los funcionarios en la lengua propia representa "un paso definitivo en esta aproximación" y, por ello, se comprometió a situar a la Fiscalía "en el lugar que constitucionalmente le corresponde", ajustando sus estructuras al modelo de Estado definido en la Carta Magna. "Un modelo que, sobra explicarlo, se apoya en un diseño político territorial mínimamente reconocible" en la actual articulación del Ministerio Fiscal, lamentó.
Así, Conde-Pumpido añadió que convenios como el suscrito con la Xunta para "normalizar" el gallego en el campo de la Justicia "persigue el objetivo que la propia palabra indica: llevar la normalidad de la casa y de la calle a los ámbitos oficiales en los que, por forzada excepción, no pudo regir durante décadas".
GARANTIZAR LA CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA
Por su parte, el presidente de la Xunta declaró que este objetivo "requiere garantizar la capacitación lingüística" de las personas que trabajan en la administración de Justicia y certificó que ése es el propósito del acuerdo firmado hoy, a su juicio, "un importante avance en un ámbito en el que los avances fueron sin duda más escasos que en otras áreas de la vida pública".
Por ello, Emilio Pérez Touriño consideró que normalizar el gallego en las actuaciones del TXSG garantizará a los ciudadanos "ejercer sus derechos lingüísticos, estipulados y reconocidos por la Constitución y el Estatuto". "También en el terreno de sus relaciones con la administración de Justicia", recalcó.
Así, explicó que el convenio aspira a "una mayor penetración del gallego" en la Fiscalía mediante la organización de cursos, la elaboración de publicaciones, la realización de campañas de sensibilización y la implantación de medidas de promoción profesional que estimulen a los funcionarios a emplearlo.
No obstante, Touriño admitió que habrá que poner a disposición de los trabajadores judiciales "las herramientas necesarias", tanto técnicas como humanas, para que el progresivo incremento del gallego en la Fiscalía tenga lugar "de una manera digna, respetuosa del lenguaje y de la técnica jurídica tanto como de la propia lengua".
Al respecto, recordó que el propio Plan Xeral de Normalización Lingüística, aprobado por unanimidad en el Parlamento, incluye como "objetivo principal" el de que todos los ciudadanos puedan ser atendidos en gallego en todo el proceso.
GARANTÍAS EN LA REFORMA ESTATUTARIA
Sin embargo, preguntado por si esta garantía podría incluirse en la reforma estatutaria, el presidente se limitó a recordar que las normativas y programas vigentes "mantienen el espíritu de unidad y de convivencia, con el profundo respeto a la Constitución y al Estatuto".
Así, abogó por "avanzar en esa línea" y "ser capaces de apoyar una concordia que permita que la lengua sea un instrumento de unidad". "Tenemos que poner todos los recursos para garantizar que en todos los ámbitos se cumple lo previsto en el Plan de Normalización y en la propia ley", concluyó.