ORENSE/MADRID, 22 Jul. (OTR/PRESS) -
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que dio la orden a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que iniciara acciones legales contra el último número de la revista satírica 'El Jueves', defendió ayer la decisión judicial por la portada "manifiestamente injuriosa" dedicada a los Príncipes de Asturias. Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó la "autonomía" de la Fiscalía General del Estado a la hora de tomar decisiones y defendió la libertad de expresión ejercida con respeto a las instituciones del Estado.
De otra opinión es el secretario general del PP, Ángel Acebes, que, en declaraciones a los periodistas tras clausurar la Escuela de Verano del PP en Islantilla (Huelva), mostró su "máximo respeto" por la decisión judicial respecto a la publicación, pero consideró que la iniciativa de la Fiscalía que desembocó en el secuestro del último número de 'El Jueves' "ha sido una equivocación". Para Acebes, además de contribuir a "que todo el mundo conozca la portada de esta revista, ha perjudicado a la libertad de expresión", lo que es "un error más de los muchos que ha tenido Conde-Pumpido".
Sin embargo, para Conde-Pumpido, cualquier "observador imparcial" que evaluase la portada se daría cuenta de que es "infamante e injuriosa" para los Príncipes de Asturias, que "como ciudadanos españoles, además del puesto institucional que tienen, tienen su derecho fundamental a que su dignidad y honor sea respetado". Conde-Pumpido argumentó que la Fiscalía estimó que la portada del semanario incluía "unos dibujos y unas expresiones" que "no eran necesarios por su grosería para el mensaje que se podría utilizar" y que "era una portada que incurría manifiestamente en un hecho delictivo".
"La ley está para ser aplicada y se planteó el tema al órgano jurisdiccional competente, quien tiene que tomar la decisión, y el juez estimó que el comportamiento era delictivo y abrió el procedimiento correspondiente", explicó, tras participar en Ourense en la firma de un protocolo de colaboración entre España y Portugal contra la criminalidad organizada, la corrupción y los delitos contra el medio ambiente. Conde-Pumpido justificó el secuestro del semanario porque "el juez está obligado a evitar que el soporte delictivo continúe produciendo su efecto" y "a reducir en lo posible la continuidad del delito".
RESTAURAR EL ORDEN PERTURBADO
"La finalidad de la medida es restaurar el orden jurídico perturbado porque no se trata de evitar o conseguir que no se visualice, sino de poner de relieve la vigencia de la norma y, en la medida en que la portada es delictiva, debe ser retirada de la circulación", aseveró. Además, defendió que se trató de una decisión judicial adoptada "con absoluta independencia, con absoluto respeto a los derechos fundamentales que deben ser respetadas por todos. El primero el fiscal general del Estado", apostilló.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, durante su intervención en el XXIII Congreso Socialista, defendió que "en democracia tienen que convivir derechos fundamentales como son la libertad de expresión, que es una de las columnas vertebrales básicas de cualquier sistema democrático" con el "el respeto debido y necesario a las instituciones del Estado". En todo caso, De la Vega defendió la "libertad de criterio" y "autonomía" de la Fiscalía General del Estado, pues "el ejercicio de la acción penal incumbe constitucionalmente al Fiscal General del Estado que lo ejercita siempre con libertad de criterio y absoluta autonomía".
