VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El que fuera presidente de la Federación de Gimnasia de Castilla y León entre 1997 y 2002, José María B. de la G, fue condenado a una pena de dos años de cárcel por la Audiencia de Valladolid como autor de un delito continuado de apropiación indebida cometido cuando ostentaba dicho cargo, al apoderarse de más de 50.000 euros de dicha entidad deportiva y hacer lo propio con distintos aparatos, entre ellos un ordenador portátil y una cámara de vídeo.
En su fallo, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial consideró probada la culpabilidad del procesado, quien durante el juicio se declaró inocente, y, además de la referida pena privativa de libertad, acordó imponerle el pago de una multa de 1.440 euros y la obligación de indemnizar a la Federación de Gimnasia de Castilla y León con una cantidad superior a los 51.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La condena impuesta por dicho tribunal es coincidente con la solicitada por el Ministerio Fiscal, frente a la petición absolutoria realizada por la defensa, que calificó de "falsas" y "contradictorias" las declaraciones de los testigos y tildó de "opaco" el informe pericial practicado ya que, en su opinión, hacía únicamente referencia a "indicios".
Asimismo, indicó que cuando su patrocinado dejó el cargo de presidente de la Federación no contaba con documento alguno y además se produjo un traslado de sede, por lo que consideró que algunos justificantes de pago pudieron "extraviarse" en la mudanza, en el cambio de domicilio o incluso alguien pudo apropiarse de ellos.
En esta línea, explicó, sin éxito, que su cliente se trasladó a vivir a Madrid y fue cuando en la Federación se "hicieron y deshicieron" las cosas y precisamente cuando se produjeron los "movimientos extraños".
Los hechos se produjeron cuando el ahora condenado ocupó el referido cargo, entre enero de 1997 y marzo de 2002, periodo en el que José María B. de la G. destinó la suma de 50.205,20 euros de la federación a "fines y utilidades de carácter personal".
A ello se suma la apropiación por parte del imputado de un ordenador portátil, tasado pericialmente en 681,30 euros; un aparato de televisión, valorado en 89,04 euros, y un reproductor de vídeo, con un precio aproximado de 117,65 euros, propiedad todos ellos de la federación.
Igualmente, se le acusó de haber destinado a uso particular una cámara de vídeo, tasada en 119,14 euros, que fue prestada a la federación que presidía el procesado, sin que la misma hubiera sido devuelta.
