Condenan, de conformidad, a dos imputados en el caso Intelhorce por delito contra la Hacienda Pública

MALAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado, en una sentencia de conformidad, a dos de los imputados en el caso Intelhorce, para los que el Tribunal Supremo decidió que se celebrase nuevo juicio, ya que sus causas fueron sobreseídas. Así, a Wilfredo Ch.P. y a Cristóbal P.S. se les condena a seis meses y un día de prisión menor y a la multa de 170.393 euros, mientras que, además, el último deberá indemnizar al Estado con 201.728 euros, que se corresponde con la deuda tributaria correspondiente al Impuesto de Sociedades de 1990.

La sentencia del Supremo, con la que se resolvieron los recursos de casación presentados en este procedimiento sobre las presuntas irregularidades en la privatización y quiebra de la textil malagueña, anuló los pronunciamientos que determinaron el sobreseimiento, en las cuestiones previas, de la causa contra estos dos procesados y también respecto a José L.G. y José V.M., ordenando que se celebrase juicio contra los cuatro por delito fiscal, al considerarse que el plazo de prescripción de dicho delito, que es el de cinco años, es independiente del de la deuda tributaria de cuatro años.

El juicio en la Audiencia de Málaga estaba previsto para hoy, aunque fue suspendido la semana pasada, mediante un auto al que tuvo acceso Europa Press, tras la sentencia de conformidad dictada y al conocerse que "posiblemente" haya fallecido otro de los acusados, en concreto, José L.G.; quedando pendiente un nuevo señalamiento para juicio contra el último de los procesados, José V.M., "una vez se tenga constancia documentada del fallecimiento".

En la sentencia de la Sala malagueña se explica que en la comparecencia que tuvo lugar, previa a la sentencia, tanto el fiscal como el abogado del Estado, partes acusatorias, modificaron sus escritos de calificación inicial, mostrando su conformidad los dos acusados y sus letrados. En dicha comparecencia, se acreditó, además, "el abono del principal, intereses y multa por parte de la defensa de Cristóbal P. y el pago de las costas por parte de la de Wilfredo Ch.".

Las acusaciones modificaron sus conclusiones, calificando los hechos de delito contra la Hacienda Pública y solicitando las penas finalmente impuestas y aceptadas por los procesados. Se considera probado, según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, que Cristóbal P.S., consejero delegado de dos sociedades relacionadas con la sector inmobiliario, "decidió en el año 1990 eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública" correspondiente a los ingresos que obtenían ambas empresas como consecuencia de su actividad.

De esta forma, "se puso de acuerdo con el otro acusado", apoderado de una entidad bancaria en Gibraltar y con autorización para disponer y gestionar las cuentas de ese banco en Marbella (Málaga), quien "autorizó" al anterior a utilizar una cuenta, designada con un nombre ficticio, "para que recibiera en la misma transferencias de dinero procedente de Gibraltar", emitiendo cheques al portador que el otro cobraba en otro banco.

Así, una de las sociedades del empresario, 'La reserva de Marbella', fue destinataria final de varias cantidades, con las que dicha empresa pagaba deudas, según la sentencia, en la que se especifica que, además de las cantidades ingresadas, esta misma firma percibió en 1990 cantidades desde cuentas de las que era titular Intelhorce.

La sala segunda del Tribunal Supremo aumentó las penas impuestas a tres imputados del caso Intelhorce por la Audiencia Provincial de Málaga y condenó al que fuera presidente de Improasa --mediador en el proceso de privatización--, José Miguel M., a cuatro años y dos meses de cárcel como autor de un delito de cohecho, y a cinco años de prisión menor, por el delito continuado de fraude, a pesar de que la Audiencia malagueña lo absolvió de todas las acusaciones.