BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
El titular de la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona ha condenado al gerente del bar musical Macumba de Barcelona a cuatro años de cárcel y a una multa de 4.386 euros por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente con desobediencia a las órdenes expresas de la autoridad municipal por exceso de ruido.
La sentencia, emitida el 22 de julio, inhabilita al gerente, Apolinar B.R., al ejercicio de actividades relacionadas con bares, espectáculos y lúdico-musicales por cuatro años y clausura el bar por cinco años.
Por otra parte, le absuelve de los delitos de lesiones y coacciones a las vecinas de la primera planta del inmueble donde estaba ubicado el local de ocio, en el número 381 de la calle Aragó, cerca de la confluencia con Roger de Flor, por falta de pruebas.
En el juicio, Apolinar B.R., de origen dominicano, explicó que no recibió ninguna queja de las vecinas, que realizó obras de insonorización en su local a petición del Ayuntamiento y que las pruebas sonométricas posteriores dieron resultados por debajo de los límites legales.
Según las vecinas, el bar Macumba estaba abierto hasta más allá de las 03.00 horas, y los fines de semana hasta las 07.00 horas con la música a todo volumen y gritos de los clientes y actuaciones musicales con micrófono. Esto hacía "retumbar" la estructura de la vieja finca, e incluso hacía saltar algunas baldosas.
A pesar de las reiteradas quejas al propietario, éste no les hacía caso, por lo que las vecinas decidieron denunciarlo a la Guardia Urbana y el Ayuntamiento, ya que no podían dormir, sufrían insomnio, depresión, trastornos psicológicos y gástricos.
PRIMERA INSPECCIÓN EN 2004
En el juicio se explicó que en una primera inspección en mayo de 2004, la Urbana detectó que no había limitador de sonido en el equipo de música y que el ruido alcanzaba los 88 decibelios, cuando el máximo permitido legalmente son 80. Meses después, en noviembre, una segunda inspección constató que no se había hecho ninguna reforma en el local.
En enero de 2005 un inspector del distrito del Eixample, tomó muestras sonométricas desde el dormitorio de una vecina y detectó un nivel de 58,17 decibelios, casi el doble de los 30 legalmente permitidos en un domicilio en horario nocturno. Por ello, el distrito incoó un expediente administrativo sancionador y el 15 de abril de 2005 le ordenó el cese de la actividad y la realización de obras para insonorizar el local.
Cuatro días después, Apolinar B.R. presentó una propuesta de insonorización, pero el bar fue clausurado por el Ayuntamiento el 25 de abril.
Meses después, el 29 de septiembre, el dueño comunicó al Ayuntamiento que había finalizado las obras y había instalado un limitador sonométrico y pidió que se le dejara reabrir. El 5 de diciembre, el Consistorio le autorizó la reapertura.
Las vecinas afectadas contrataron a una empresa de mediciones sonoras reconocida por la Entidad Nacional de Acreditación (Enac). El 17 de diciembre, desde el interior del edificio detectó un nivel de 44,4 decibelios.
La denuncia presentada a la Guardia Urbana hizo que en febrero de 2006 dos agentes comprobaran, ante la presencia del dueño, que el local emitía la música a través de un ordenador, burlando así el limitador de sonido instalado en el equipo de música.
Poco después, el 17 de marzo, otro inspector del distrito tomó una tercera muestra sonométrica desde los domicilios de las vecinas, dando como resultado un nivel de 41,4 decibelios, superando todavía los 30 permitidos. Cuatro días después, una empresa contratada por el Ayuntamiento volvió a tomar muestras desde el mismo lugar y dio un índice de 42,4.
Debido a estos resultados, el 24 de marzo decretó la clausura del local, aunque ésta no se llevó a cabo. El 18 de abril las vecinas denunciaron el caso ante el juez de guardia. Finalmente, el 9 de octubre de 2006 el Ayuntamiento volvió a medir el nivel sonoro desde los domicilios, lo que dio un resultado de 32,3 decibelios.
Durante su declaración, el acusado dijo no recordar casi nada de las inspecciones sonométricas, pero aseguró que su local siempre ha dispuesto de limitador y que llegó a presentar tres certificados que lo probaban.
Las vecinas explicaron que no podían dormir debido al fuerte ruido, ya que incluso podían entender la letra de las canciones y distinguir claramente la música.
PEDÍAN MÁS DE NUEVE AÑOS DE CÁRCEL
Por todo ello, la Fiscalía pidió seis años de prisión por un delito contra el medio ambiente y un año de prisión por cada uno de los tres delitos de lesiones contra las tres vecinas afectadas. La acusación particular elevó la petición de prisión por tres delitos de coacciones, al considerar que el dueño no hizo caso a las peticiones de las vecinas.
El Ministerio Público también solicitó una multa de 64.800 euros, una indemnización de 10.000 euros a cada una de las tres afectadas por las secuelas y cuatro años de inhabilitación para ejercer actividades de bar, espectáculo o música.
