Actualizado 05/02/2007 15:04 CET

Condenan a una empresa del último detenido de 'Malaya' a pagar 1,4 millones a la Empresa Municipal de Vivienda de Ceuta

CEUTA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ceuta ha condenado a la constructora Azalea Beach, propiedad del último detenido en la 'Operación Malaya', el constructor José Miguel Villarroya, a abonar 1,47 millones de euros a la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (EMVICESA), que se vio obligada a afrontar las deudas que Azalea cuando ésta abandonó las dos promociones de viviendas que le había encomendado el Gobierno del GIL en la ciudad autónoma.

El Gobierno que encabezaba Antonio Sampietro antes de la moción de censura que lo desalojó del Gobierno adjudicó en el año 2000 la construcción de una promoción de viviendas a Azalea Beach, que posteriormente se declaró en quiebra y abandonó la ciudad.

La sentencia del Juzgado ceutí, a cuyo contenido tuvo acceso Europa Press, es recurrible pero ha sido valorada por el gerente de Emvicesa, Francisco Márquez, quien recordó que la sociedad que dirige demandó en 2002 a la constructora como "un claro ejemplo de lo que se da en la corrupción urbanística".

A finales de 1999, pocos meses después de llegar a la Presidencia de la Ciudad, el GIL encargó a Azalea Beach la construcción de dos promociones de viviendas de protección oficial con un total de 118 casas. Dicha contratación se efectuó, según la propia Emvicesa, a través de un procedimiento negociado con publicidad, lo que debería haber garantizado que Azalea Beach cumplía todos los requisitos que la ley exige a las empresas para hacerse cargo de este tipo de adjudicaciones.

Sin embargo, pocos meses después de la adjudicación Azalea dejó de pagar a sus proveedores, a la Seguridad Social y a sus subcontratas, lo que derivó en su declaración de quiebra y suspensión de pagos.

Emvicesa se vio obligada entonces a asumir en calidad de promotora de las obras la responsabilidad subsidiaria de todos los contratos que Azalea dejó sin pagar ante sus acreedores.

El juzgado, ante el que no se personó ni Villarroya ni ningún otro representante de la misma, ha reconocido a Emvicesa su derecho a recuperar el importe de todas las deudas que había asumido y abandonado Azalea.

Los responsables de esta constructora, afincada en la Costa del Sol y cuyo consejero delegado, José María Villarroya, fue detenido en la última fase de la Operación Malaya, deberán pagar ahora a la Ciudad Autónoma los 814.549 euros por la indemnización por resolución, los sueldos de los trabajadores y el retraso de la obra así como los 446.000 euros de las empresas subcontratadas y los 126.000 euros que Emvicesa tuvo que abonar a una empresa de seguridad para la vigilancia de las obras paradas en tanto fueron adjudicadas de nuevo.

El agujero que las deudas de Azalea provocaron en Emvicesa fue de tal magnitud que ésta se vio en la necesidad de publicar en 2002 unas ayudas a fondo perdido por un importe equivalente a las cantidades que los proveedores habían dejado de percibir con un límite por cada empresa de 100.000 euros.