Condenan a nueve años de cárcel a un indigente por tirotear a la Guardia Civil en Ceuta

Actualizado: miércoles, 7 febrero 2007 15:05

CEUTA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha condenado por un delito de tentativa de homicidio a nueve años de cárcel a Karim L. A., un "indigente" ceutí, según se definió el mismo ante el tribunal, por tirotear en septiembre de 2004 a varios agentes de la Guardia Civil cuando intentaban detenerlo, según consta en el auto judicial, firmado por conformidad de las partes y a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press.

El condenado disparó sobre los agentes de la Benemérita con una pistola que había sustraído previamente en las dependencias de la Policía Judicial del Instituto Armado, adonde había sido trasladadopara ser interrogado por su presunta relación con un robo de joyas.

Los hechos en cuestión tuvieron lugar el 21 de septiembre de 2004, cuando Karim L. A., politoxicómano, contaba con 26 años. Ese día, realizó varios disparos con el mismo arma contra las lunas deun concesionario del puerto con el ánimo de sembrar el pánico y sustraer el dinero que había en la caja del negocio, poco más de cien euros.

Tras abandonar el lugar se dirigió hacia la barriada de Hadú, situada en la periferia de la ciudad autónoma, donde fue localizado por efectivos de la unidad de Policía Judicial a los que se enfrentótiroteándoles. Posteriormente y tras haber sido arrestado, provocó varios desperfectos más en el interior del calabozo en el que estaba detenido en el cuartelillo de la Benemérita.

Por estos hechos, la Fiscalía y la defensa del acusado pactaron sobre la figura de la conformidad una condena de cinco años de prisión por un delito de tentativa de homicidio; tres más por atentado y otro por tenencia ilícita de armas que suman el total de nueve, de los que ya ha cumplido dos. El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente once años y tres meses de cárcel.

La pena contempla además una multa de 60 euros por una falta de lesiones y 20 euros por alterar el orden público, sanción a la que el acusado dijo no poder enfrentarse al ser indigente.