CASTELLÓN, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha ratificado la condena a tres años y seis meses de prisión a un vecino de Castellón de 51 años, con antecedentes por estafa penados con ocho arrestos de fin de semana, por un delito de estafa inmobiliaria con agravante de reincidencia.
Además, se le impone una multa de nueve meses con una cuota diaria de diez euros con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la duración de la condena, pago de las costas incluidas las de la acusación particular --ejercida por Llusar Inmuebles S.A.-- y una indemnización de 60.000 euros más los intereses legales a la víctima, conjunta y solidariamente con la mercantil Llusar Inmuebles.
Según recoge la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el procesado subcontrató como representante de esa sociedad la construcción de dos viviendas unifamiliares con la víctima de la estafa en la Urbanización Las Palmas de Benicàssim (Castellón) tras haber sido contratado por otra empresa para acometer ese proyecto constructivo.
Previamente, esa compañía había adquirido el suelo por cesión del condenado de un contrato de compraventa concertado con el propietario, al que entregó 20.000 euros a cuenta del precio, aunque la víctima desconocía esas operaciones y fue mantenida en la creencia de que el titular de la parcela era el ya procesado.
Al poco tiempo de iniciar la construcción, en 2005, éste le ofreció la posibilidad de comprar la parcela por 330.000 euros y recibió 60.000 euros a cuenta según lo contemplado en el contrato, mientras que pactó la entrega del resto del precio al formalizarse la escritura de compraventa una vez concluida la vivienda.
Unos meses después, ambos discutieron y el procesado le manifestó que esa vivienda nunca sería suya, tras lo que la víctima averiguó en el Registro de la Propiedad que éste no era el verdadero propietario, sino que lo era la empresa que lo contrató, por lo que le exigió la devolución de esos 60.000 euros y otros en concepto de arras penitenciales.
Inicialmente, el procesado accedió a devolverle esas cantidades y le entregó un pagaré y un cheque por importe de 30.000 euros, el primero con vencimiento en diciembre de 2005 y el segundo en marzo de 2006, otro cheque de 12.000 euros en junio de 2006 y un último pagaré por valor de 10.000 euros que vencía en abril de 2007. No obstante, ninguno pudo ser cobrado al carecer de fondos las cuentas contra las que se habían girado.
"EL ENGAÑO HA SIDO DOBLE"
A la vista de los hechos, el juzgado considera probado que el acusado vendió una vivienda de la que no era propietario, ni tampoco la mercantil que representaba, a pesar de que así lo hizo constar en un documento que data de junio de 2005, tras haberse ganado la confianza de la víctima al presenciar ésta la compra efectuada por el ya condenado al inicial propietario de la parcela. Según las mismas fuentes, el acusado ocultó la cesión de sus derechos a la mercantil que le había contratado mientras la víctima trabajaba en la construcción de las viviendas hasta que descubrió el engaño.
De hecho, concluye que "el engaño ha sido doble" dado que una vez descubierto, le aseguró que le devolvería su dinero mediante unos pagarés y cheques que finalmente resultaron impagados, y sostiene que la declaración exculpatoria de éste "carece de toda consistencia y apoyo". En el juicio, el entonces acusado expuso que el contrato de compraventa "era ficticio" y "obedeció a un acto de buena voluntad para ayudar" a la víctima dado que "tenía deudas con unos rumanos".
