MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados aplazó esta mañana hasta el próximo martes 30 de mayo el debate y votación de la nueva ley de gestión de la deuda externa, debido a problemas de agenda.
La comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a las 10:00 horas y el inicio del pleno de la Cámara Baja al mediodía para la toma en consideración del proyecto de reforma del Estatuto andaluz, impidió que la Comisión de Asuntos Exteriores pudiese prolongar su sesión más allá de las 12:00 horas.
Por ello, el presidente de la citada Comisión, Josep Antoni Durán Lleida, propuso a los grupos la celebración de una sesión el próximo martes a las 10:00 horas antes del Debate sobre el Estado de la Nación que se iniciará ese día por la tarde.
La Alianza Española contra la Pobreza --que engloba a una treintena de asociaciones y sindicatos como CC.OO. y UGT-- adelantó ayer en un comunicado que rechaza esta ley. "Hasta el momento, hemos podido evidenciar una vez más que ni por parte del Gobierno español ni por parte de la mayoría de los partidos políticos existe voluntad política para abolir la Deuda Externa, el principal obstáculo que impide una coherente lucha contra la pobreza y en favor de los Derechos Humanos", indicó.
En su opinión, sólo una "mínima parte" de las demandas de la sociedad civil, como son la vinculación de la gestión de la deuda con la política de cooperación y algunos aspectos de transparencia informativa y participación de la sociedad civil, se recogen "de manera parcial e insuficiente" en esta ley.
Por lo que respecta al resto de demandas que se han hecho llegar a Gobierno y diputados "no se vislumbra avance alguno" tras leer el texto. "La mayoría de los aspectos que pretende regular la ley siguen una línea continuista con las políticas anteriores de gestión de deuda, con las que nosotros no estamos de acuerdo", advirtió la Alianza Española contra la Pobreza.
Pese a ello, manifestó "insistentemente" que aún se está a tiempo de mejorar esta ley. "Para ello los grupos parlamentarios deberían prolongar el periodo de debate parlamentario, darlo a conocer públicamente, profundizar el dialogo con la sociedad civil e incluir en el articulado de la ley, aspectos tan importantes como la corresponsabilidad, la gestión de los recursos liberados y nuevos préstamos.
Sobre la corresponsabilidad, la citada ley debe recoger "explícitamente" este principio entre acreedores y deudores como punto de partida desde el cual entender el tratamiento de la deuda externa. La asunción de esta corresponsabilidad debe ir acompañada, en su opinión, "de auditorias integrales de la deuda para evaluar el origen de la misma a fin de conocer su ilegitimidad".
Respecto a la gestión de los recursos liberados, opinó que la "única condicionalidad admisible en el tratamiento de la deuda es la vinculación de los recursos liberados por las cancelaciones de deudas legítimas a la reducción de la pobreza, garantizando en todo momento la participación de la sociedad civil afectada, que no generen más deuda externa, que no supongan más ayuda ligada a intereses económicos españoles y que no violen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los países endeudados".
Por ello, consideró "inadmisible" condicionar las cancelaciones a la aplicación de medidas de política económica impuestas por las Instituciones Financieras Internacionales.
Asimismo, reclamó nuevos préstamos para evitar la reproducción de nuevas crisis de endeudamiento. "La ley debe promover una revisión, reformulación y/o eliminación de los mecanismos de generación de nueva deuda (FAD y CESCE), desligando la ayuda de intereses económicos y comerciales", hizo hincapié.
Igualmente, consideró que la ley debe establecer que las operaciones relacionadas con la deuda externa sean adicionales a los compromisos de AOD ya que debe existir un "compromiso" para no contabilizar las cancelaciones de deuda como Ayuda Oficial al Desarrollo.
En último término, estimó que la participación de la sociedad civil tanto del norte como del sur debe quedar recogida en el articulado de la ley, a través de un subcomité dependiente del Consejo de Cooperación, tal y como recoge la exposición de motivos de esta iniciativa legislativa, así como necesidad de facilitar "al máximo" la información disponible sobre cualquier aspecto relacionado con la gestión de la deuda.
"Consideramos todos estos aspectos el mínimo a tener en cuenta en la Ley. Si no son finalmente recogidos, la sociedad civil tendrá una nueva evidencia de la falta de voluntad política para acabar con el problema de la Deuda Externa. Las cuestiones expuestas en este comunicado son asumibles por el Estado español. Las políticas de gestión de la deuda externa siguen siendo para el Gobierno español una buena estrategia para internacionalizar la empresa española e inflar las cifras de Ayuda Oficial al Desarrollo", estimó la Alianza Española contra la Pobreza.
El acuerdo sobre esta nueva ley demostrará si existe, a su juicio, un "doble rasero" en la política de cooperación del Gobierno socialista si dicha política está subordinada a las órdenes del Ministerio de Economía o, si por el contrario, pretende luchar contra las verdaderas causas de la pobreza.
