El Congreso aprueba esta semana la Ley de Seguridad Nacional con apoyo de PP y PSOE

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados dará el visto bueno esta semana el proyecto de Ley de Seguridad Nacional tras el debate de las enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios. Después, lo enviará al Senado para su aprobación definitiva.

El proyecto de ley fue aprobado por el Gobierno el pasado mayo y el primer debate en la Cámara Baja tuvo lugar la semana pasada, cuando la mayoría absoluta del PP permitió rechazar las enmiendas a la totalidad que habían presentado los grupos de Convergència y de Unió, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y ERC, que pedían la devolución del texto.

La ley será votada este miércoles en la Comisión Constitucional, que tendrá competencia legislativa plena al tratarse de una norma no orgánica. Es decir, el debate de enmiendas parciales no irá al Pleno del Congreso, sino que de la comisión pasará directamente a su tramitación en la Cámara Alta para que el proyecto pueda ser aprobado antes de que termine la legislatura.

Esta ley tiene desde el principio el apoyo del PSOE. De hecho, el Ejecutivo asegura que ha contado en todo momento con los socialistas para su redacción, por lo que la tramitación del proyecto obtuvo el respaldo de PP y PSOE, además de UPyD y UPN.

"IMPRECISIONES" Y "VAGUEDADES"

Eso sí, tanto los socialistas como la formación magenta anunciaron la semana pasada en el Pleno del Congreso que presentarían enmiendas parciales al texto para corregir lo que consideran "imprecisiones" o "vaguedades" en la definición de algunos conceptos o en la aplicación de los mismos.

Según el Ejecutivo, esta ley servirá para cubrir el vacío que se da ante situaciones en las que no se considera necesario decretar el estado de alarma, estado de excepción o estado de sitio y que pasarán a denominarse "situaciones de interés para la seguridad nacional", aquellas que se producen cuando es necesario el uso de más medios y coordinación a los habituales.

Sin embargo, este es uno de los argumentos que más ha criticado la oposición, ya que consideran dicho concepto "ambiguo" e "impreciso". Además, los partidos nacionalistas catalanes y vasco ven este concepto como una oportunidad para que el Gobierno pueda invadir competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Por un lado, el PSOE y UPyD proponen en sus enmiendas un plazo de tiempo para que el Gobierno dé cuenta en el Parlamento acerca de una situación de interés para la seguridad nacional en caso de que ésta sea declarada.

INFORMAR AL PARLAMENTO

Pero mientras el partido magenta habla de un plazo concreto de 72 horas para informar de esta declaración y de dos semanas para "rendir cuentas" sobre los motivos y la gestión que se ha hecho de la misma, los socialistas son más imprecisos y piden que la ley establezca que el Ejecutivo ha de informar "inmediatamente" sobre las medidas adoptadas y la evolución de la situación.

El PSOE considera, además, que la Estrategia de Seguridad Nacional, que hace un análisis de las amenazas y riesgos a los que se enfrenta España y los medios de que dispone para combatirlos, ha de ser revisada "cada cinco años o cuando lo aconsejen las circunstancias cambiantes del entorno estratégico".

Sobre el hecho de que el Gobierno pueda movilizar recursos privados en caso de necesidad al declarar una situación de interés para la seguridad nacional, el Grupo Socialista propone en sus enmiendas que se regule su utilización "mediante correspondiente reglamento los mecanismos y formas".

ACUSACIONES DE RECENTRALIZACIÓN

Las enmiendas de los grupos nacionalistas se orientan más a exigir una mayor representación de las comunidades autónomas tanto en la toma de decisiones como en los propios organismos que rigen la Estrategia de Seguridad Nacional, ya que consideran que la norma es demasiado "recentralizadora".

Por un lado, ERC propone incluir en el proyecto de ley una nueva disposición adicional según la cual "en ningún caso lo establecido en la ley, y en particular en la declaración de situación de interés para la seguridad nacional, podrá ser adoptado como respuesta a las decisiones tomadas por los parlamentos autonómicos".

Esta enmienda es consecuencia de la acusación que lanzó la semana pasada el diputado republicano Joan Tardà, quien denunció que lo que pretende el Gobierno con este nuevo concepto es "suspender 'de facto' poderes de la Generalitat de Cataluña ante una posible victoria del soberanismo" el próximo 27 de septiembre, día en que están anunciadas las elecciones en dicha comunidad, de ahí que haya registrado esta propuesta para modificar la norma.

El denominador común de las enmiendas del resto de grupos nacionalistas es reclamar que en la política de seguridad nacional del Estado participen "todas las administraciones públicas", a través de una "acción coordinada y colaborativa", al tiempo que la Estrategia de Seguridad Nacional se elabore teniendo en cuenta la opinión de las comunidades autónomas.

Asimismo, en el artículo 21, que regula las funciones y composición del Consejo de Seguridad Nacional, piden la misma colaboración y que en este organismo, que preside el presidente del Gobierno, haya un representante de cada comunidad autónoma que sea designado por ellas.

COOPERACIÓN CON LAS POLICÍAS AUTONÓMICAS

Dado que el proyecto de ley establece la creación de una Conferencia Sectorial para asuntos de la Seguridad Nacional, el grupo de Convergéncia y de Unió también propone que se articulen "mecanismos de cooperación con las comunidades autónomas con competencias en materia de protección de personas y bienes de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía".

Pero el PNV va más allá y sugiere que "la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en las materias propias de esta ley se realizará a través de la Conferencia Sectorial" excepto en el caso de las autonomías "que disponen de policías autonómicas propias, para las que se establecerán instrumentos de cooperación bilateral".

Por otro lado, Convergència y Unió sugieren que la declaración de "situación de interés para la seguridad nacional" pueda ser declarada a petición del presidente de la comunidad autónoma donde tenga lugar la crisis en cuestión.

Todos los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas parciales a este texto quieren también que las Cortes Generales supervisen de alguna forma la política de seguridad nacional. Convergéncia y Unió, de hecho, piden que sea el foro donde se debata y se apruebe la Estrategia de Seguridad Nacional.