El Congreso aprueba por unanimidad el nuevo Régimen Disciplinario de la Guardia Civil

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy por unanimidad la Ley Orgánica de reforma del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. El Gobierno logró finalmente el apoyo, aunque "crítico", de las formaciones partidarias de la desmilitarización (todas excepto PP y CC), a pesar de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que el texto no modifica la naturaleza del Cuerpo, en contra de la opinión del Partido Popular, que se abstuvo en el dictamen y dio su apoyo a la Ley en la votación del carácter orgánico de la Ley.

La principal aportación del nuevo texto es la supresión de la aplicación del Código Penal Militar a los guardias, incluida la pena de arresto, a no ser que estén participando en misiones internacionales, integrados en unidades militares o se haya declarado en España el estado de guerra o excepción. Rubalcaba aseguró que el texto sienta las bases de "la Guardia Civil del siglo XXI" y que la reforma no afecta en absoluto a su naturaleza militar.

Sin embargo, esto no convenció al PP, cuya portavoz en la Comisión de Interior, Alicia Sánchez Camacho, declaró desde la tribuna que la reforma del Régimen Disciplinario supone "el inicio del camino a la desmilitarización" de la Guardia Civil. Para Sánchez Camacho, el texto llega tarde, tiene "carencias" y sufre "falta de rigor", además de ser fruto de un trabajo de colaboración entre el PSOE y los grupos minoritarios, olvidándose el partido de Gobierno del "consenso necesario" con el principal grupo de la oposición. Por todo ello, el PP se abstuvo en la votación del dictamen, pero apoyó el texto en el sufragio del carácter orgánico de la Ley.

ACUERDO DE ÚLTIMA HORA.

El apoyo de dos de estos grupos minoritarios, IU y ERC, llegó a última hora de ayer, informaron a Europa Press fuentes próximas a la negociación, después de que ambas formaciones se abstuviesen en la votación del dictamen en comisión. Como Ley Orgánica, el Régimen Disciplinario necesitaba de 176 votos y el PSOE, con el apoyo ya recabado del resto de grupos en comisión contaba con siete sufragios de margen para sacar adelante el texto, siempre que el hemiciclo registrase un lleno absoluto, algo inusual debido a la ausencia de muchos miembros del Gobierno, así como de otros diputados.

Finalmente, la diputada de IU, Isaura Navarro, trasladó el voto afirmativo de su formación matizando que se trataba de "un sí crítico", manteniendo algunas de las enmiendas presentadas con el objeto de lograr la "desmilitarización efectiva" de la Guardia Civil y de que los agentes del Cuerpo se conviertan en "ciudadanos de primera".

Navarro fue la única diputada que tuvo palabras para los 21 expedientes abiertos por Interior a 20 dirigentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) por manifestarse de uniforme en la Plaza Mayor de Madrid el pasado mes de enero. Navarro consideró "una incoherencia" reconocer derechos a través de la Ley en trámite, el otro texto que prometió el Gobierno para la institución, y al tiempo mantener las sanciones.

FALTAS MUY GRAVES.

Los 20 dirigentes tienen abiertos expedientes por falta muy grave que puede suponer hasta la expulsión del Cuerpo. La primera propuesta de sanción del instructor militar contra uno de ellos, secretario general en Madrid, pretende un año de suspensión de empleo y sueldo, con la consiguiente pérdida de destino. IU pidió que en la nueva Ley no se contemple la figura del instructor militar ni que las sanciones lleven aparejadas esta pérdida de destino.

Un apoyo similar mostró Agustí Cerdá, de ERC, que aseguró su apoyo a la Ley, pero mantuvo otra enmienda para que los guardias civiles que hayan sido condenados en firme por tortura o malos tratos sean expulsados inmediatamente del Cuerpo.

ADN Y TELECOMUNICACIONES.

Por otra parte, fue aprobado por unanimidad el proyecto de Ley reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, que permitirá almacenar los perfiles genéticos "a fin de que puedan ser utilizados, posteriormente, en investigaciones distintas o futuras, incluso sin el consentimiento expreso del titular de los datos", siempre para "delitos de especial gravedad y repercusión social". Como garantía, sólo quedará registrada la identidad y el sexo del sospechoso.

Asimismo, el Pleno aprobó el proyecto de ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, que establece la obligación de los operadores de conservar ciertos datos generados en cualquier tipo de comunicación, así como de entregarlos cuando se les requiera para la investigación, detección o enjuiciamiento de delitos.

De esta forma, las Fuerzas de Seguridad tendrán acceso a los datos "objetivos" de las llamadas telefónicas o los correos electrónicos, es decir, de quién a quién se realiza, cuando y durante cuanto tiempo. Las compañías de telecomunicaciones deberán guardar estos datos durante un año El proyecto incorpora una directiva comunitaria sobre conservación de datos generados o tratados en comunicaciones electrónicas.