MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados acordó hoy con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios la convalidación del Real Decreto-Ley 5/2007, de 22 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por las tormentas de 2007 a las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid, y a la provincia de Jaén. También establece medidas por los daños ocasionados por los fuertes vientos en la Región de Murcia durante el mes de marzo.
El encargado de presentar el Real Decreto ante la Cámara fue el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien recordó que esta iniciativa "complementa" a las medidas ya aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado 25 de mayo. Su aplicación corresponderá al Ministerio de Interior, a través de la orden ministerial correspondiente, y aunque el decreto no hace una estimación económica definitiva de los daños, sí dice que el Estado aportará hasta un importe máximo de 10 millones de euros, con cargo a crédito extraordinario.
Rubalcaba apuntó que el decreto incluye ayudas para mejorar los daños producidos en la red viaria de municipios y diputaciones (financiados al 50 por ciento por el Estado), indemnizaciones para daños en producciones agrícolas y ganaderas, beneficios fiscales -exenciones y deducciones de impuestos-, exoneraciones de algunas cuotas de Seguridad Social, ayudas para daños personales y materiales, líneas preferenciales de crédito y posibilidad de convenios entre administraciones.
Asimismo, señaló que la "oportuna" comisión interministerial se encargará de "desarrollar el decreto y que tenga una efectividad lo más pronto posible". En su opinión, el Gobierno actuó con "eficacia para aliviar en lo posible las consecuencias adversas" provocadas por los fenómenos meteorológicos.
"Se faculta al titular del Ministerio de Administraciones Públicas para proponer el pago de las subvenciones, en la parte que financia la Administración General del Estado, hasta un importe máximo de 10.000.000 euros, con cargo al crédito extraordinario que, a estos efectos, se habilite, con el carácter de incorporable, en los presupuestos de dicho departamento", expone la iniciativa.
En este sentido, establece que, de igual modo, se faculta al titular del Ministerio de Administraciones Públicas para establecer el procedimiento para la concesión de las mencionadas subvenciones, "así como su seguimiento y control, en el marco de la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales".
APOYO DE TODOS LOS GRUPOS
En el turno de fijación de posición, Alejandro Alonso (PSOE), recalcó que las administraciones han tenido una actuación "ejemplar", han trabajado con "eficacia, rigor y prontitud, poniendo todos los medios disponibles para la reparación de los daños producidos". Además, resaltó que "no ha pasado ni un mes" desde las tormentas, al tiempo que señaló que "nunca en ocho años de Gobierno del PP hubo un decreto ley con medidas más potentes que estas".
La diputada del PP, María del Carmen Quintanilla, afirmó que los 'populares' están "satisfechos en parte" porque en "gran medida" se recogen las propuestas que ellos mismos solicitaron para "devolver la tranquilidad y la normalidad a las familias afectadas". "Entendemos que se ha hecho justicia y que este real decreto da cobertura a quienes se habían quedado fuera de las ayudas del Consejo de Ministros del 25 de mayo", añadió.
En este sentido, destacó que el decreto recoge medidas que "merecen los ciudadanos, los autónomos, los empresarios y las familias de los agricultores de las CCAA afectadas". Eso sí, reclamó "mayor cobertura y compromiso por parte del Gobierno", y criticó que aunque los daños en infraestructuras municipales se han valorado en "más de 22 millones de euros", el Gobierno subvencione el 50 por ciento, cuando en "algunos municipios los daños han sido extraordinariamente cuantiosos".
Josep María Guinar (CiU), también anunció su voto favorable, para hacer "prevalecer los principios de solidaridad y reequilibración de los daños". Subrayó, en cualquier caso, la necesidad de que el Gobierno se planteé "algún mecanismo estable que dé seguridad y que prevea las medidas generales, aunque luego en cada caso se pueda precisar".
Por parte de ERC, su diputado Jordi Ramón Torres, celebró la "prontitud" con la que este decreto ha llegado a la Cámara, así como que contenga un "paquete equilibrado de medidas, razonable y adecuado". En la misma línea que el diputado de CiU, solicitó que se establezcan "mayores medidas preventivas de cara al futuro".
El diputado del PNV, José Ramón Beloki, manifestó su "solidaridad" con los damnificados, anunció su voto favorable a la convalidación, y pidió también al Gobierno el establecimiento de algún mecanismo para que tenga que "dar cuenta de cual es finalmente la aplicación exacta que de estas medidas se hace".
Isaura Navarro (IU-ICV), apoyó la convalidación por "necesaria y urgente", pero coincidió con los diputados de CiU y ERC en que para que "no se produzca un intento de aprovechar políticamente estas desgracias, se hiciera una legislación de aplicación inmediata y concreta para solventar este tipo de catástrofes, sin regateos ni demagogias". Por último, Luis Mardones (CC), votó favorablemente "bajo el principio de solidaridad inter regional".
ZONAS AFECTADAS
Según el decreto, en Castilla-La Mancha se produjo un fenómeno meteorológico singular, al formarse una tormenta estacionaria que provocó lluvias constantes y continuadas sobre una determinada zona, afectando con especial gravedad a algunos municipios como Alcázar de San Juan, Villarubia de los Ojos y Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, y Madridejos, Camuñas, Consuegra y Villacañas, en la provincia de Toledo. En la provincia de Jaén, las inundaciones tuvieron una incidencia significativa en poblaciones como La Puerta de Segura, Puente Génave o Santiago-Pontones, daños que se han reproducido en otros lugares del territorio nacional.
Los hechos descritos produjeron daños en infraestructuras de titularidad pública, así como bienes privados, especialmente viviendas. Por otra parte, estas inundaciones han afectado también a grandes extensiones en cultivos, fundamentalmente en viñedos, cereales, olivares y cultivos hortícolas, tanto de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, como de Castilla y León, Extremadura y Madrid. Es de resaltar, para comprender la excepcionalidad de estos hechos que, en provincias como Toledo o Ciudad Real, "no se registraban índices de precipitación de tal envergadura desde mediados del siglo pasado".
Por otro lado, que también las explotaciones agrícolas se han visto sometidas a determinados fenómenos extraordinarios asimilables a desastres naturales en la Región de Murcia con ocasión de los fuertes vientos que se registraron durante los días 7 y 8 de marzo, que provocaron graves daños en la cosecha de producciones tempranas y extratempranas, que no se encontraban amparados por la cobertura del sistema de seguros agrarios.
